Carmen Calvo, durante una rueda de prensa en Moncloa. EFE
El Gobierno tiene intención de seguir adelante con sus «viernes sociales» aprobando reales decretos leyes, pese a las críticas de la oposición, porque ha defendido tener la plena capacidad para hacerlo mientras no esté en funciones, lo que no ocurrirá hasta después del 28 de abril.
Muestra de ello ha sido el último Consejo de Ministros, antes de que Pedro Sánchez firme la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones generales para la citada fecha.
Un Consejo en el que se han aprobado tres reales decretos leyes, dos de ellos con importantes medidas sociales, los referidos a la vivienda y a la igualdad laboral entre hombres y mujeres, y otro con los planes de contingencia a poner en marcha si acaba habiendo un «brexit» sin acuerdo.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, lo ha dejado claro desde el primer momento de su comparecencia: el Ejecutivo tiene «plenas funciones» para trabajar y solo cuenta las «restricciones propias» que dicta la Ley Electoral, relacionadas con la publicidad de la gestión, para este periodo de precampaña y campaña, que comienza el martes.
Calvo ha rechazado la idea de la oposición de que el Gobierno esté haciendo campaña desde la mesa del Consejo de Ministros y ha insistido en que seguirán con su agenda «valiente, realista y prudente», porque no estarán en funciones hasta después de los comicios.
Sí ha hecho, no obstante, una férrea defensa de la gestión de estos nueve meses de Pedro Sánchez en la Moncloa, que se cumplen precisamente hoy, ya que el 1 de junio del año pasado prosperó la moción de censura.
Ha puesto en valor que este Ejecutivo llegara entonces para convertir la política en «un espacio de decisión, transformación y respuesta a los problemas acumulados por la crisis», «mejorar la calidad» de vida de los ciudadanos y recuperar algunos de sus derechos.
Y ha culpado a los demás, en concreto a quienes no han apoyado el proyecto de ley de presupuestos, de que no salgan adelante más medidas por culpa del final de la legislatura.
«Hemos hecho muchas cosas que nos habíamos planteado pero es obvio que se queda una parte muy importante de la agenda» pendiente, «porque no hay presupuestos para hacerlo», ha dicho Calvo.
Y ha lanzado una advertencia a los partidos que optaron por no apoyar las cuentas: «Todos seremos juzgados por los ciudadanos en las urnas», ha dicho.
Tras hacer esta reflexión, Calvo ha negado en sus respuestas a los medios que se esté haciendo campaña desde el Ejecutivo, que sigue como siempre, ha dicho, «al mismo ritmo».
Tampoco cree que con la disolución de las Cortes la situación sea distinta, porque funciona la Diputación Permanente, que es la que tiene que convalidar los importantes reales decretos aprobados hoy.
Sobre este proceso, ha señalado que se está hablando «con todos» los grupos parlamentarios para recabar los apoyos suficientes.
Ha recordado que todos los partidos han aprobado en algún u otro momento de estos nueve meses iniciativas del Ejecutivo y por eso espera que en esta ocasión también se consigan los votos.
Además, Calvo ha defendido la urgencia de las medidas que recoge el decreto de vivienda, un plan de «emergencia y de choque» para tratar de resolver algunas cuestiones «lacerantes».
Y de nuevo ha reprochado a la oposición no haber apoyado los presupuestos, porque de haberlos tenido, ha dicho, se habría podido hacer una política de vivienda más completa.
El Ejecutivo espera también contar con apoyos para que salga adelante el decreto ley sobre medidas para favorecer la igualdad laboral entre hombres y mujeres, que incluye la ampliación progresiva de los permisos de paternidad, para que en tres años lleguen a las dieciséis semanas y se equiparen con los de maternidad.
Y ha aprobado una declaración con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo viernes, jornada en la que el Gobierno limitará su actividad al Consejo de Ministros.
Calvo ya ha avanzado que estará en las movilizaciones de ese día, acompañando a su partido, y espera que lo hagan también otros miembros del Gobierno.
Todo en una comparecencia en la que la vicepresidenta ha insistido, por otra parte, en que el Ejecutivo sigue adelante con sus planes de exhumar a Franco, pese a las medidas cautelares de un juzgado de El Escorial, que, como ha recordado, se refieren al momento final de este proceso, las obras para la extracción.
Y ha vuelto a denunciar la «cadena de obstáculos» que está poniendo el entorno del dictador para que el Ejecutivo no lleve a cabo esta promesa que responde a un acuerdo del Congreso y que cuenta también ya con una norma aprobada. EFE
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