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El Pacto de violencia machista echa a andar con la reforma de la Ley Integral

La mitad de las 214 medidas del Pacto contra la Violencia de Género están en fase de estudio o ejecución, pero su cumplimiento íntegro pasa, entre otras, por modificar 15 leyes, entre ellas “la verdadera bóveda” de ese acuerdo, la Ley Integral de 2004, de la que se reformarán una veintena de artículos.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha comparecido hoy en la Comisión de Igualdad para dar cuenta del grado de cumplimiento del Pacto de Estado, aprobado con las comunidades el pasado 27 de diciembre, en la que ha destacado que la ejecución de las iniciativas avanza a un “ritmo positivo”.

El Pacto nació con un compromiso económico de 1.000 millones de euros en cinco años que hoy ha vuelto a reiterar la ministra ante las críticas de los grupos, que han puesto el foco en este asunto.

Sin embargo, Montserrat les ha avisado de que es “responsabilidad suya” que los primeros 200 millones para 2018 puedan aprobarse vía Presupuestos Generales del Estado. “Y si no, en los tres primeros meses buscaremos instrumentos alternativos”, como hacerlo mediante un crédito extraordinario, tal y como le reclamó el Parlamento en una proposición no de ley.

Pero el Pacto exige cumplir con otras muchas medidas, de las que 122 son competencia estatal, diez autonómicas y 82 compartidas entre todas las administraciones.

Un tercio exige reformas legislativas y no se pueden implementar hasta que estén listos los textos, algo en lo que trabajan dos grupos internos del Gobierno en colaboración con la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la intención de “impulsarlas rápidamente”.

Entre ellas, la de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que verá cambiados 20 de sus artículos, y otras 14, incluidas las referidas a la Trata de Seres Humanos y la Violencia Sexual.

Algunos cambios de la Ley Integral tendrán como objeto unificar los criterios de la acreditación de la víctima de maltrato y reconocer, por ejemplo, a las madres de niños asesinados por la violencia machista.

También fijar la obligación legal de prestar datos estadísticos sobre todas las violencias contra mujeres, como la sexual, de la que “en breve” se publicarán los datos de un estudio sobre la percepción social, a lo que se unirá el lanzamiento de la primera campaña estatal específica para su prevención.

Para una mayor protección de los menores, se revisarán los textos legales vigentes sobre regímenes de visita y custodia; para especializar los Puntos de Encuentro Familiar o implantar nuevas prestaciones para los huérfanos, incluyendo aquellos cuyas madres no cotizaban a la seguridad social.

Mientras, ya están listos dos borradores de Reales Decretos: uno que modifica la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer para incluir asociaciones en el medio rural o gitanas; y otro elaborado desde el Instituto de la Mujer para regular las Unidades de Igualdad en la Administración General del Estado y establecer sus competencias.

Y se está redactando otro para modificar el Plan Estatal de Vivienda e incluir como colectivos preferentes a quienes asuman la patria potestad de los huérfanos, grupo que ya goza de la desgravación en el IRPF por el cuidado de los mismos.

Otra medida que ya ha arrancado es la de reforzar los valores igualitarios y la educación afectivo sexual, integrados en el currículo de la ESO y Bachillerato, a la que se unirá el impulso de la figura de un profesor responsable de coeducación.

También ha destacado “los grandes avances en el ámbito sanitario”, reflejado en protocolos comunes de actuación para detectar posibles casos de maltrato en las consultas, y la alianza en materia de sensibilización con las más de 20.000 farmacias existentes en España, donde acuden más de 2,3 millones de ciudadanos cada día, mediante un convenio que se firmará “en próximas fechas”.

Explicaciones que no han satisfecho a los grupos, que han criticado su falta de concreción y, sobre todo, la de plazos y objetivos claros.

Ángeles Álvarez, del PSOE, le ha instado a “jugar limpio y apoyar con medios materiales” las medidas de un Pacto que “es de todos”, y a habilitar los 200 millones de euros para que arranque el Pacto este año.

Desde Podemos, Ángela Rodríguez ha lamentado “el vacile del Gobierno que habilita créditos extraordinarios para rescatar autopistas” y en relación con Cataluña, y no lo hace en este caso, mientras que su compañera, Sofía Fernández Castañón, ha mostrado su preocupación por la falta de un calendario.

Patricia Reyes, de Ciudadanos, ha reclamado “fechas claras” porque “los tiempos van corriendo”, y Teresa Jordà, de ERC, la ha acusado de hacer “mucho ruido y pocas nueces”, instándola a aplicar inmediatamente las medidas que no requieren reformas legislativas.

Desde el PNV, Joseba Agirretxea ha valorado la comparecencia de la ministra, que se ha extendido casi cinco horas, de “mucha palabra pero ninguna concreción”, y Marta Sorlì, del Mixto, la ha “suspendido en este primer parcial”. EFE

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