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El Gobierno de Navarra rechaza la proposición de Ley Foral del PPN sobre el derecho a la inclusión activa por considerar que “restringe la protección social”
El Gobierno de Chivite ha adoptado en su sesión de hoy un acuerdo en el que muestra su disconformidad con la toma en consideración de la proposición de Ley Foral del derecho navarro a la inclusión activa, presentada por el grupo parlamentario Partido Popular, al considerar que “restringe sustancialmente la protección social”.
El presidente del PPN, Javier García, defiende que el contexto ha cambiado con la implantación del Ingreso Mínimo Vital, que ya actúa como prestación suelo en toda España.
“Si el Estado ya garantiza un mínimo, Navarra tiene que centrarse en lo importante: que las personas salgan de la exclusión y entren en el mercado laboral”, señala.
Tras la sesión de Gobierno, el consejero Javier Remírez, defiende, en cambio, la línea de reforma de la Ley Foral 15/2016 en la que está trabajando el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, con el objetivo de “armonizar y alinear las prestaciones principales del sistema de garantía de ingresos (Ingreso Mínimo Vital y Renta Garantizada), dar coherencia al sistema y gestionar de forma más eficaz y eficiente y hacer prevalecer el derecho a la inclusión social desde el primer momento en el que se activa el derecho al cobro de la Rentra Garantizada, entre otras cuestiones”.
El vicepresidente primero, consejo de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno, Javier Remírez, ha explicado que la reforma que prepara el Ejecutivo foral sigue las directrices establecidas por la Unión Europea en 2023 para modernizar los sistemas de protección social, con el fin de combatir la pobreza y fomentar la inclusión activa. Según ha recordado, la UE indica que este sistema debe garantizar una renta mínima adecuada para cubrir necesidades básicas, que debe tener en cuenta el nivel de vida y los precios del país, que debe ir acompañada de acceso a servicios esenciales (sanidad, vivienda, educación), que debe incluir formación y apoyo al empleo y políticas de inclusión activa, que debe ser fácil de solicitar, que debe poder pedirse de forma individual (no solo por hogar). Todo ello con criterios transparentes y no discriminatorios, no limitados en el tiempo.
La proposición del PP, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra del pasado 30 de abril, plantea endurecer los requisitos de acceso a prestaciones económicas, como acreditar un período mínimo de cuatro años de residencia legal y efectiva en la Comunidad Foral.
El Gobierno navarro considera que la proposición “restringe sustancialmente la protección social en Navarra alejándose de la abundante evidencia científica que sobre esta prestación existe en el mundo académico y científico, y de la recomendación que la propia Unión Europea dictó en el año 2023 en torno a este tipo de prestaciones”.
“Aunque son muchas las políticas que pueden tener un efecto importante sobre las tasas de pobreza de una sociedad, hace tiempo que sabemos que los programas de prestaciones dinerarias tienen un papel fundamental en combatir la pobreza, tanto en países avanzados como en desarrollo”, expone el Ejecutivo foral.
El Gobierno de Navarra defiende que “el grado en que las sociedades consiguen reducir la pobreza a través de sus políticas públicas es sin duda alguna uno de los mejores indicadores de equidad, solidaridad y cohesión social” de los que se pueden disponer. A este respecto, considera que la pobreza y la exclusión social son fenómenos multidimensionales, y como tal deben abordarse.
«Defendemos que la actual ley es mejorable, sí, pero desde luego no compartimos una propuesta que plantea directamente su supresión y que supondría poner trabas a la protección social en nuestra Comunidad de la que se benefician más de 36.000 personas con dificultades, el 38% menores, por cierto», ha indicado Remírez.
El Gobierno de Navarra ya manifestó recientemente su disconformidad con otra proposición de Ley Foral presentada por UPN para limitar a tres años el período de percepción de la Renta Garantizada y disminuir el importe de la ayuda en función del tiempo que ha transcurrido desde que se percibe.
