Un propietario ya tarda 11 meses en recuperar su vivienda tras un impago, el plazo puede superar incluso los dos años
El tiempo medio necesario para recuperar una vivienda tras un impago ya alcanza un periodo de 11 meses en España en 2026, según los datos registrados por Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG).
La compañía advierte de que, en los procedimientos más complejos, el plazo puede superar incluso los dos años entre el primer incumplimiento y la recuperación efectiva del inmueble. SEAG advierte que muchos propietarios ya han endurecido las condiciones de acceso al alquiler o retirado sus viviendas del mercado residencial.
La inseguridad jurídica se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de los arrendadores. Según SEAG, más del 70% de los propietarios considera la morosidad y la dificultad para recuperar la vivienda como el principal riesgo asociado al alquiler. La incertidumbre sobre los plazos judiciales ha pasado a ser un factor tan relevante como la rentabilidad obtenida, especialmente entre los pequeños propietarios, que representan la inmensa mayoría del mercado de alquiler en España.
En este sentido, el coste medio para SEAG en la cobertura a un propietario alcanza los 4.000 euros, teniendo en cuenta el proceso judicial, el mantenimiento de la vivienda y la no obtención de la renta. Ese coste se registra cuando SEAG, durante el proceso de mediación, consigue pagos ocasiones del inquilino. En el caso de que un inquilino deje de pagar completamente la renta, la distribución de los costes para un propietario que no cuente con los servicios de una compañía como SEAG es la siguiente:
· Rentas impagadas (70-80% del total del coste): Constituyen el principal impacto económico para el propietario. Considerando la duración media de un procedimiento judicial y una renta mensual de referencia de unos 700 euros/mes, las pérdidas por impago pueden situarse entre 10.000 y 13.000 euros.
· Gastos legales (5-10%): Los costes asociados a un procedimiento de desahucio, incluyendo abogado, procurador y demás gastos procesales, suelen oscilar entre 800 y 1.500 euros.
Daños en la vivienda (10-15%): Dependiendo del estado en el que se recupere el inmueble, los gastos de reparación y acondicionamiento pueden situarse entre 500 y 3.000 euros.
«Proteger a las familias vulnerables es imprescindible, pero esa responsabilidad no puede recaer únicamente sobre los propietarios», señala Daniela Salinas, directora del Departamento Jurídico de SEAG. «La suspensión de lanzamientos mientras se busca una alternativa habitacional puede prolongar durante meses la recuperación de una vivienda, generando una inseguridad jurídica que acaba reduciendo la oferta de alquiler».
La consecuencia directa es una reducción de la oferta disponible. Mientras España necesita incorporar cientos de miles de viviendas al mercado para absorber la demanda existente, una parte de los propietarios mantiene inmuebles vacíos o busca alternativas al alquiler residencial tradicional. A esta situación se suma el endurecimiento de los filtros de acceso. Cuanto mayor es la dificultad para gestionar un impago, mayor es la exigencia de solvencia requerida por los propietarios.

