Enrique Miguel Sánchez Motos.
En mi calidad de Administrador Civil del Estado, una de las cosas que más me ha interesado y preocupado, a lo largo de toda mi carrera, ha sido que la Administración Pública, incluyendo en sentido amplio a todo el Sector Público, sea eficiente, es decir, que tenga el menor coste posible en la prestación de servicios a los ciudadanos.
Recuerdo que, en 1982, tres años después de haber ganado mi oposición y de estar trabajando en la Administración Pública, publiqué un artículo en Diario 16 sobre la reforma de la Administración Pública y en él decía que estimaba que el treinta por ciento del personal de la Administración Pública al menos estaba infrautilizado o utilizado para tareas de poco valor o escasamente útiles
Cuando casi cuarenta años después me jubilé seguí con la misma opinión, inclusive agravada, debido a que el número total de empleados públicos y funcionarios se había incrementado en el conjunto del Estado y de las Comunidades Autónomas, en aproximadamente un 100%.
El problema principal con que me encontré y que, veo que sigue existiendo, consiste en que la propia Administración Pública en su conjunto, asume, como cosa natural, la ineficiencia de los servicios que presta al ciudadano por varias razones.
En primer lugar, no calcula el coste de los mismos, lo cual evidentemente manifiesta nulo interés por garantizar su eficiencia, es decir, que tengan el menor coste posible. En segundo lugar, muchos de los servicios que presta son innecesarios o de baja calidad, ya que no se evalúa si aportan o no un valor a la ciudadanía, superior a su coste. Tercero, los procedimientos para prestar esos servicios no se revisan, siendo con frecuencia innecesariamente complicados y por tanto poco eficientes. Cuarto, no se pregunta al ciudadano sobre su opinión sobre el valor de esos servicios lo que aportaría información muy interesante y en gran medida sin coste alguno. Quinto, tampoco se le pregunta al propio funcionariado, sobre el valor de esos servicios ni sobre la posible mejora de los procedimientos para generarlos.
En suma, muchos de los servicios que presta la admiración son inútiles o ineficientes. ¿Cómo cambiar esta situación? El problema, en la inmensa mayoría de casos, no radica en la falta de colaboración de los individuos funcionarios o empleados públicos, que los prestan o diseñan, sino en el sistema cultural de la propia Administración, que evita el esforzarse por promover la eficiencia porque para la gran mayoría de los puestos políticos eso no es prioritario y prefieren centrarse en lo que les da buena imagen y en evitar cualquier conflicto.
La situación actual ha empeorado mucho porque en lugar de caminar en la dirección de profesionalizar los puestos públicos, como ocurre en países vecinos, tales como Francia, Alemania o Italia, se ha ido en la dirección de politizarlos. Se ha incrementado la libre designación en los puestos reservados a funcionarios de carrera, así como el nombre de puestos políticos o similares que pueden ser ocupados por personal no funcionario. De ahí es fácil que se deriven prevaricaciones, malversaciones asignaciones incorrectas de contratos públicos, nombramientos de nuevos amigos o familiares de los directivos que nos nombraron. Un ejemplo evidente lo tenemos en el reciente caso del hermanísimo de nuestro presidente Pedro Sánchez para el cual se creó un puesto ad hoc del que ni él mismo sabía que funciones tenía ni dónde estaba su lugar trabajo ni quiénes eran sus presuntos colaboradores en el ejercicio de sus funciones.
En suma, todo ello contribuye al gasto público y a crear un clima muy proclive a la corrupción, porque quien le va a decir que no al directivo que lo colocó y lo nombró para ese puesto.
Por ello, un futuro gobierno que sustituya al actual tendrá que preocuparse no solo de restaurar el estado de derecho, la unidad de España, el español como lengua común y propia, el control de la emigración, las políticas de gasto y deuda pública, etc. sino también de recrear una Administración Publica eficiente, reconduciendo la arbitrariedad con que se han ido creando Ministerios, Secretarias de Estado, Subsecretarías, Direcciones y Subdirecciones Generales, Asesorías, Consejerías, Jefaturas, Subjefaturas, etc y haciendo que ese esquema se traslade también a los niveles de gobierno autonómicos, municipales, provinciales, etc.
Es un tema muy delicado, que habrá que instrumentar con serenidad. Pero que también debe formar parte de la gran reforma que va a necesitar España tras los ocho años de este presidente, el cual gasta a manos llenas y cede cualquier cosa para mantenerse en el poder. Ha dado un penoso ejemplo de lo que ocurre cuando llega al poder el socialismo ideologizado que cree que puede hacer lo que quiera con lo público.
Hace apenas unos días en El Debate, José Ramón Riera, un excelente y valiente economista, ha publicado un artículo con datos cuantitativos muy detallados sobre el despilfarro en la creación de puestos que ha realizado Pedro Sánchez en estos ocho años de gobierno. Les sugiero que lo lean. https://www.eldebate.com/economia/20260816/gobierno-engorda-cupula-altos-cargos-238_449631.html
Enrique Miguel Sánchez Motos, administrador Civil del Estado
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