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NAVARRA INFORMACIÓN
La Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib) reclama estabilidad y un marco regulatorio tecnológicamente neutral tras el giro de Moncloa sobre la energía nuclear
La Fundación valora la extensión de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 aprobada en el BOE y el compromiso verbal para ampliar las centrales catalanas, pero reclama formalizar un criterio único para todo el parque nuclear español
La Fundación para el Avance de la Libertad valora positivamente la publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Orden Ministerial que concede la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz (unidades I y II) hasta el 8 de junio de 2030. Este hito se suma a la información según la cual Moncloa habría trasladado también un compromiso verbal a sus socios catalanes para facilitar la extensión de la vida útil de sus instalaciones hasta un horizonte que podría alcanzar 2050.
Para Fundalib, la confirmación oficial de la prórroga de Almaraz —apoyada en el informe favorable dictado por el Consejo de Seguridad Nuclear el pasado 16 de julio— constituye un paso en firme muy significativo en la buena dirección. Sin embargo, la Fundación advierte de que el país debe pasar de los acuerdos puntuales o de coyuntura y las promesas políticas a un marco formal, estable y aplicable con idénticos criterios a todo el parque nuclear español. La continuidad de la energía nuclear no puede depender de situaciones excepcionales ni de necesidades parlamentarias puntuales; las mismas reglas técnicas deben regir por igual para Almaraz, Ascó, Vandellòs, Cofrentes y Trillo.
Una posición defendida por Fundalib durante años
La Fundación viene reclamando esta revisión desde mucho antes del actual cambio político. En 2022 publicó “El papel imprescindible de la energía nuclear”, de Manuel Fernández Ordóñez. Posteriormente abordó la intervención estatal, la pobreza energética y la fiscalidad del sector y, en 2025, publicó “España, energía nuclear y palos en las ruedas”, de Kevin Fernández Cosials.
Ese mismo año inició con el European Liberal Forum un proyecto plurianual sobre pequeños reactores modulares, cuyo primer estudio, “SMRs: Europe’s Energy Future”, analizó las reformas necesarias para facilitar el despliegue de esta nueva generación de tecnología nuclear. A finales de este mes de agosto saldrá a la luz el nuevo informe “The potential of the EU to lead the SMR race” con las soluciones para combatir la hiperregulación y el exceso burocrático, así como la creación de un marco de financiación, tecnología, mano de obra y capacitación con base en los incentivos para un mayor mercado libre, cuyo prefacio firma la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Sophie Wilmès.
A este trabajo de investigación se ha sumado la interlocución con representantes políticos en el Congreso, el Senado y parlamentos autonómicos, con ayuntamientos que albergan centrales nucleares, con organizaciones del sector y con el Consejo de Seguridad Nuclear.
Durante todo este periodo Fundalib ha defendido una misma línea: revisar el calendario de cierre según criterios técnicos; eliminar las cargas fiscales que penalizan artificialmente la energía nuclear; adecuar la financiación de ENRESA a sus costes reales; y reforzar el peso del criterio técnico del CSN en las decisiones sobre la continuidad de las instalaciones.
Principio de neutralidad tecnológica de la regulación, gobierne quien gobierne
La Fundación considera que el paso dado con la publicación en el BOE sobre Almaraz debe servir para ir más allá de prórrogas puntuales y construir un nuevo marco energético basado en el principio de neutralidad tecnológica.
El Estado no debe decidir por razones políticas o ideológicas qué tecnologías pueden existir dentro de veinte o treinta años y cuáles deben desaparecer. Debe establecer requisitos objetivos de seguridad, protección ambiental y competencia, permitiendo después que la ciencia, la evolución tecnológica, los costes, las necesidades del sistema y la ley de la oferta y la demanda determinen el papel de cada tecnología.
Neutralidad tecnológica no significa favorecer a la energía nuclear frente a las renovables ni frente a ninguna otra fuente. Significa que ninguna tecnología debe ser privilegiada políticamente, pero tampoco vetada o expulsada del mercado de antemano.
Las reformas urgentes
La Fundación considera que el Gobierno debe aprovechar este momento para abordar inmediatamente cuatro cuestiones clave:
• Revisión formal del calendario global: Sustituir las fechas predeterminadas de cierre por decisiones basadas de forma objetiva en la seguridad y viabilidad de cada instalación.
• Revisión de la fiscalidad: Completar la revisión de las cargas específicas del sector tras la reducción del IVPEE y garantizar que la financiación de ENRESA responda estrictamente a los costes reales de gestión de residuos y desmantelamiento.
• Desbloqueo de los recursos energéticos propios: Reformar el artículo 10 de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética para permitir investigar y evaluar yacimientos de minerales radiactivos (como los de uranio en Salamanca) bajo estrictos criterios ambientales y mineros, reduciendo la dependencia de terceros países.
• Marco para nuevas tecnologías (SMR): Preparar un marco regulatorio adecuado para los pequeños reactores modulares que impulse la innovación futura en lugar de gestionar únicamente el desmantelamiento.
“Valoramos positivamente la aprobación formal de la prórroga de Almaraz en el BOE, así como los pasos que Moncloa parece dar hacia otras centrales. Sin embargo, la regulación no puede avanzar a golpe de decretos coyunturales ni promesas verbales que no aportan la seguridad jurídica necesaria para inversiones a largo plazo. Hay que convertir este giro en reglas generales e indefinidas para todo el parque nuclear.”
— Kevin Fernánez-Cosial, miembro del consejo académico y autor de varios informes de la Fundación para el Avance de la Libertad en la materia
“Fundalib no reclama privilegios para la nuclear, sino un marco regulatorio tecnológicamente neutral. Si una central es segura y viable, debe poder continuar; si una nueva tecnología puede cumplir todos los requisitos, debe poder competir; y si España dispone de recursos de uranio, la legislación debe permitir investigarlos y evaluarlos. La política debe establecer reglas objetivas y estables; la ciencia, la tecnología y la economía deben determinar después qué soluciones funcionan.”
— Roxana Nicula, presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad
