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Mitos sobre la reforma laboral

Mitos sobre la reforma laboral

El pasado 13 de junio se publicó en El Confidencial un artículo firmado por Toni Ferrer y Ramón Górriz sobre el impacto de la reforma laboral de 2012 (RL2012) en el mercado laboral y en la situación económica de España. En estas líneas cito algunas de las falacias que contiene dicho artículo y su correspondiente réplica.

Desde el principio del texto, los autores quieren dejar claro que “los efectos de la reforma laboral están aquí, una sociedad con cuotas enormes de precariedad, desigualdad, pobreza y hambre”. Como suele ser habitual desde la izquierda, achacan todos los males que pueda tener la economía española a la RL2012, aunque esas deficiencias puedan venir de la falta de reformas estructurales de las últimas décadas.

La precariedad se suele medir, generalmente, con el porcentaje de contratos temporales, lo que se conoce como “temporalidad”. Es cierto que desde 2012 la temporalidad ha aumentado en España, empero, no se puede achacar esta subida a la reforma laboral. La dualidad del mercado de trabajo viene de lejos. De hecho, durante la década previa a la Gran Recesión la temporalidad sobrepasaba el 30%, mientras que en 2019 fue el 26%, según datos del INE. Es decir, si la precariedad se asocia a una alta temporalidad y una marcada dualidad, el marco normativo laboral previo a esta reforma laboral se caracterizaba por una mayor temporalidad. Y es que la alta temporalidad (dualidad) del mercado laboral español es consecuencia de graves ineficiencias de éste, como son las diferentes condiciones entre indefinidos y temporales, y no consecuencia directa de la RL2012.

Por el mismo camino, la desigualdad tampoco es hija de la RL2012. El coeficiente de Gini expresa un aumento de la desigualdad a partir de 2008. Este aumento tiene que ver con la destrucción de empleo que se dio durante la crisis (como indica el economista Rafael Doménech en su investigación sobre la desigualdad en España, el 80% de la varianza de la desigualdad se explica por el desempleo). A partir de 2014, y una vez que comenzó la recuperación, la desigualdad ha ido disminuyendo año tras año, hasta situarse en 2018 en el nivel más bajo desde 2009, lo que refleja que la desigualdad ha descendido desde la reforma laboral, en contra de lo que dicen los autores del artículo.

La pobreza se suele medir en términos de riesgo de pobreza o exclusión social o en términos de carencia material severa. El primero mide desigualdad y no pobreza, según indica el INE. La carencia material severa sí es una aproximación más fiel de la pobreza. Ambos indicadores muestran un comportamiento similar: aumentaron durante la crisis, alcanzado su máximo en 2014, y han ido disminuyendo durante la recuperación económica. Ambos indicadores muestran en la actualidad un nivel inferior al de 2012. Por tanto, desde la RL2012 no ha aumentado el porcentaje de población en riesgo de pobreza ni en carencia material severa.

Respecto al hambre, el indicador más fiable, dentro de la carencia material severa, es el que mide el porcentaje de población que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. Al igual que los otros tres indicadores, éste también aumentó durante la crisis, pero a diferencia de aquéllos, no se ha reducido durante la recuperación, sino que ha aumentado. Ahora bien, ¿es esto achacable a la reforma laboral? Observando los datos del INE, se puede ver que en los años en que la temporalidad fue mayor, esta carencia fue menor. Luego no existe correlación entre precariedad, entendida como temporalidad, y este indicador.

Continúan los autores diciendo que “los objetivos de la reforma eran: la devaluación salarial, facilitar y abaratar el despido y el debilitamiento cuando no la ruptura de la negociación colectiva”. Por un lado, las tres cosas mencionadas no indican per se que un mercado laboral sea mejor o peor (los mercados laborales con una regulación laboral menos rígida suelen tener tasas de desempleo más bajas, además de menores niveles de precariedad). Y tampoco tiene relación con lo expresado en líneas anteriores. Lo que sí se sabe es que la flexibilidad salarial, como indica un estudio de BBVA Research realizado por Rafael Doménech et al., tiene efectos positivos en un marco laboral caracterizado por un alto desempleo estructural. Si la flexibilidad salarial se hubiese producido desde el principio de la crisis se habría evitado parte de la caída del PIB y del empleo, según indica el estudio mencionado. Del mismo modo, dicha flexibilidad salarial propició que el crecimiento del empleo a partir del cuarto trimestre de 2013 se produjera antes y con mayor intensidad de lo esperado.

También se sabe que la RL2012 ha aumentado la probabilidad de firmar un contrato indefinido y ha reducido la velocidad de destrucción de empleo entre los trabajadores temporales debido a la mayor flexibilidad interna de las empresas, según un estudio de Fedea realizado por J. Ignacio García Pérez. A su vez, el número medio de despidos pasó de 898.000 por trimestre en media para el periodo 2008-2012 a 809.000 en el periodo 2012-2016. No parece, pues, que “facilitar el despido” haya provocado un aumento medio de los despidos, ni siquiera en los contratos temporales.

El artículo de Toni Ferrer y Ramón Górriz sigue con una referencia a “los recortes en los salarios de los empleados públicos, en las prestaciones por desempleo, en las pensiones y en los servicios públicos esenciales”. El viejo argumento falaz de unos recortes que han mermado sustancialmente el Estado del Bienestar. La remuneración de empleados públicos alcanzó el máximo histórico en 2018, manteniendo una tendencia creciente desde 2013. Respecto a las prestaciones por desempleo, su generosidad es similar a la del conjunto de la UE y, además, España es uno de los países de la OCDE con una condicionalidad menos estricta en lo referente a sus políticas pasivas de empleo, como se muestra aquí. Por su parte, la pensión media en términos reales es superior al nivel de 2012, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Y el grueso del Estado del Bienestar, si bien sufrió algunos recortes concentrados entre 2010 y 2013 (algunos parecen olvidar que el déficit público de estos años era superior a 100.000 millones), sigue una línea ascendente a partir de 2014. En la actualidad, tanto en sanidad como en educación, el gasto es superior al nivel de gasto previo a la crisis de 2008 y, también, superior al nivel de gasto del año 2012, según datos de IGAE y Eurostat.

Además, como muestran los economistas Doménech, Boscá y Ferri en un artículo publicado en la web Nada es gratis, el gasto público corriente per cápita en términos reales no ha dejado de crecer desde 2012 (también en sanidad y educación). No, desde la RL2012, en términos generales, no hay recortes: los hubo en unos años concretos, que ya han sido revertidos. No se ha desmantelado el Estado del Bienestar ni ha habido recortes profundos en los servicios públicos esenciales, en términos generales.

El resto del artículo de Ferrer y Górriz es un alegato contra las grandes empresas y el capital. Parecen olvidar los autores de que España es un país de microempresas y que las grandes empresas son una excepción y no la regla general. Parecen olvidar también que, en términos comparados, las grandes empresas crean más empleo y suelen ofrecer mejores condiciones laborales que las pymes.

Llegan a decir que la reforma laboral “ha condenado a sectores de trabajadores y trabajadoras, a la precariedad, cuando no a la indigencia”. Como he dicho en líneas anteriores, la precariedad ha aumentado desde 2012, sí, pero sigue sin alcanzar los niveles previos a la crisis de 2008 (como muestra la literatura económica, la temporalidad es un problema estructural del mercado laboral español, no surge específicamente de la RL2012) y tanto la desigualdad como la pobreza son en la actualidad menores que en 2012.

En definitiva, el artículo es un alegato a favor de la derogación de la reforma laboral y a favor de un mercado laboral más rígido, con un mayor intervencionismo. Además, se quejan de la flexibilidad salarial pero callan ante la inmensa destrucción de empleo que se dio entre 2008 y 2013 (un aumento de 4 millones de parados, según la EPA), con la normativa laboral a la que quieren volver. También callan ante el problema del alto desempleo estructural que sufrimos en España y piensan que con mayor intervencionismo y rigidez se va a solucionar, cuando precisamente ha sido la rigidez (sobre todo salarial y de negociación colectiva) lo que llevó a la intensa destrucción de empleo previa a la reforma laboral. De hecho, según la investigación realizada por Rafael Doménech citada en un párrafo anterior, si la reforma laboral se hubiera implementado al comienzo de la crisis, hasta 2016 se habrían salvado 2 millones de empleos y la tasa de desempleo hubiera sido 8 puntos porcentuales inferior a la registrada ese mismo año.

Dicen que “no hay que inventar, ni tergiversar u ocultar, las cifras lo dejan claro”. Pero su artículo no aporta un solo dato, una sola cifra. Tampoco aporta una sola evidencia de lo que se ha escrito. El artículo de Ferrer y Górriz es tan solo, a mi parecer, la típica propaganda de la izquierda. Intentan hacer ver que a partir de la RL2012 la precariedad se ha disparado, que somos más desiguales y pobres que antes de la reforma laboral y que el Estado del Bienestar se ha desmantelado en favor del capital y las grandes empresas. La realidad es bien diferente, como he intentado explicar a lo largo de estas líneas. Es cierto que la RL2012 no es perfecta y tiene mucho que mejorar, en eso estaremos todos de acuerdo, pero dicha reforma laboral no causó todo eso que Ferrer y Górriz dicen en su artículo: muchos indicadores han mejorado desde 2012 y otros, como la temporalidad, muestran un comportamiento estructural de la economía y, por tanto, no son causa de la RL2012. Las cifras lo dejan claro.

David Muñoz Lagarejos, Graduado en Ciencia Política y Gestión Pública por la Universidad Rey Juan Carlos. Columnista en Libertad Digital (Libre Mercado), La Razón y Navarra Información.

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