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Oportunidad perdida

Este sábado he estado en la concentración de apoyo a la Guardia Civil de tráfico convocada por JUCIL en Pamplona. Por muchas razones, pero sobre todo por razones que no estaban en la convocatoria.

Las competencias de tráfico son exclusivamente del Estado, como la seguridad ciudadana. Hay tres comunidades que tienen delegadas “competencias ejecutivas” por lo que desarrollan la legislación nacional y se ocupan de que se cumplan (permisos, formación, supervisión, sanciones….).

El País Vasco no tiene competencia alguna en este terreno según su estatuto, pero se le han transferido igualmente. En el caso catalán las competencias ejecutivas transferidas no incluyen los permisos pero sí todo lo demás. El caso navarro es peculiar porque la LORAFNA reconoce y ampara, dentro del marco constitucional, todas las competencias ejercidas previamente por la Comunidad. Incluyendo las de tráfico que le atribuía la legislación preconstitucional.

Pero una cosa es tener las competencias para regular las materias de tráfico, y otra es el modo en que se ejercen. Es perfectamente posible desarrollar las normas que se consideren necesarias, y contar con la Guardia Civil para la supervisión de su cumplimiento en carretera.

Y por mucho que algunos prefieran el rojo al verde, hay razones para mantener a la Guardia Civil. Hay razones de eficiencia (sustituirla es un gasto que, como ya ha admitido el Gobierno Foral, a día de hoy no puede pagar), hay razones de eficacia, y hay razones políticas, que desde mi punto de vista son las más graves.

Como nos han contado varios ponentes en los eventos de Pompaelo (Inma Alcolea, la ex cabo de los Mossos represaliada, o Samuel Vázquez, que defiende una reforma policial a través de Una Policía para el Siglo XXI), las fuerzas de policía españolas, y muy especialmente las autonómicas, tienen un problema. Y es que están pensadas para responder a las prioridades de sus responsables políticos, y en muchos casos cuajadas de designados de esos mismos políticos. Desde la enorme cantidad de mandos interinos, hasta procesos de ascenso con entrevista personal no grabada, hasta la propia estructura e incentivos. Los profesionales de nuestras policías viven enjaulados en estructuras diseñadas para que prioricen los problemas de los políticos. Por eso, cuando los políticos quieren, pasan cosas completamente inadecuadas. Como los acosos a los disidentes en los Mossos, la impunidad de los sectarios amigos del alcalde de turno, o los robos en casas de tesoreros.

Pero como no quiero volver a caer en la imprudencia de afirmar algo concreto sin poder citar a la fuente, dejémoslo en que una policía autonómica es una herramienta muy frágil, y muy fácil de poner al servicio de políticos desaprensivos.

Y aquí, perdónenme la falta de caridad, tenemos muchos. Tenemos gente dispuesta a privilegiar a los suyos en las administraciones. Tenemos gente dispuesta a pactar con totalitarios con tal de gestionar un presupuesto. Tenemos gente que cree que acumular competencias es bueno aunque no beneficie a los ciudadanos, porque son más juguetes con los que jugar.

Por eso, cualquier paso, por pequeño que sea, hacia la construcción de una policía privada de los políticos a cargo de la Comunidad Foral, me parece una mala idea. Si la Policía Foral estuviera reformada como propone Samuel Vázquez, y fuera un cuerpo totalmente aséptico, despolitizado, con competencias claras y capacidades intachables, donde el mérito y la capacidad fueran lo único relevante y la prioridad absoluta fuera  la ley y la seguridad ciudadana, entonces y sólo entonces querría que fuera una policía integral.

Pero ni siquiera entonces querría que desaparecieran de Navarra los símbolos comunes del Estado como garante de la ley. Y la Guardia Civil es uno de los principales.

Es sólo una opinión personal. Pero es la mía.

Miguel Cornejo (@miguelcornejoSE) es economista.

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1 Comentario

  1. Joseph de Ibero

    Pues me resulta difícil asumir esa ecuación perfecta entre fuerzas policiales dependientes del Ministerio del Interior plenamente profesionales y fuerzas policiales al servicio del político de turno cuando estos días no dejan de salir noticias del caso “Villarejo”.

    Me temo que la putrefacción del sistema político no solo afecta a los “campanarios” de pueblo sino que llega a los palacios de la capital

    Responder

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