Begoña Gómez | You Tube
NAVARRA INFORMACIÓN
El magistrado Juan Carlos Peinado ha dictado este lunes el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez Fernández, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y malversación
Peinado ordena investigar su capacidad económica y también envía a juicio a Cristina Álvarez, que solo responderá por el software de la Complutense
La democracia en España vive un hecho histórico e insólito que sacude de lleno la actualidad política nacional y que en cualquier otro país sería tan grave como para convocar elecciones generales. Por primera vez, la esposa del presidente del Gobierno en ejercicio afronta la apertura de juicio oral y se sentará en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
El titular del Juzgado de Instrucción de Madrid Número 41, Juan Carlos Peinado, ha resuelto que Begoña Gómez se siente en el banquillo de los acusados por un delito de tráfico de influencias y otro de malversación de caudales públicos, mientras que Álvarez responderá como cooperadora necesaria únicamente por la malversación relativa al desvío de un software universitario
En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez envía a juicio a la esposa de Pedro Sánchez por la comisión de los citados dos delitos, teniendo que enfrentarse esta a un juicio oral con jurado popular en los próximos meses. «Se acuerda la apertura de juicio oral ante el Tribunal del Jurado, por los hechos relatados en los fundamentos de derecho primero a trigésimo noveno de esta resolución, contra la acusada María Begoña Gómez Fernández, en concepto de autora, por los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos«.
«Este último —precisa—, en relación tanto con el destino a usos privados de la fuerza de trabajo de una empleada pública como con el desvío del software desarrollado en el seno de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competiva», desgrana el auto.
En este mismo escrito, Peinado reduce la implicación de su asesora María Cristina Álvarez a un presunto delito de malversación de caudales públicos, «exclusivamente en relación con el desvío del software, en concepto de cooperación necesaria«. «Ambas acusadas deberán responder, en su caso, como responsables civiles directas y solidarias, en los términos interesados por la Universidad Complutense de Madrid», explica acerca de la aplicación de captación de fondos públicos que supuestamente se apropió Gómez y que la Universidad pública valoró en 113.000 euros.
Hasta 13 años de prisión
Para Begoña Gómez pide dos años de prisión por tráfico de influencias, tres años por malversación continuada y ocho años de prisión con veinte de inhabilitación absoluta por la malversación del software, o, subsidiariamente, diez años de prisión en caso de concurso medial. Para Álvarez reclama seis años de prisión y quince de inhabilitación absoluta.
La Fiscalia ha mantenido su petición de sobreseimiento y no ha formulado acusación contra ninguna de las dos.
Contra este auto no cabe recurso, conforme al artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, por lo que el procedimiento con tribunal del jurado pasa ahora a la Audiencia Provincial de Madrid.
