El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría.
El Parlamento de Cataluña aprobaba ayer, la ley que va a posibilitar el referéndum de independencia. En un acto al más puro estilo de las dictaduras totalitarias de épocas pasadas, los partidos independentistas, el gobierno Puigdemont y la mesa del Parlamento, con su presidenta Forcadell, conseguían que se aprobará dicha ley.
El Gobierno de España lo debería tener claro. Lo que más temía Rajoy -decía en titulares- se ha producido. El independentismo catalán haciendo caso omiso a unas Instituciones (Tribunal Constitucional) y a unas leyes (Constitución española de 1978), pretende conseguir su anhelado objetivo, que es su separación de un Estado al que consideran un maltratador.
No debería temblar ya, y de una vez por todas, la mano al gobierno. El catalanismo excluyente se encamina hacía el no retorno. La sensación, no obstante, es que el 1 de octubre habrá referéndum, ya que Rajoy no dará un golpe en la mesa con la mano y el articulo 155, que faculta a un Gobierno la intervención en una autonomía, no será activado. Se ampara, una vez más en el Tribunal Constitucional, Fiscalía y ahora reuniones con Ciudadanos y PSOE.
A partir de ahí, todas las especulaciones valen. El resto de España asiste, cual convidada de piedra, a lo que esta sucediendo, no comprendiendo cómo se ha llegado a dicha situación y porque no se ha actuado con más contundencia antes.
Se está ante un gobierno débil, incapaz de obtener soluciones y de estar siempre por detrás de las actuaciones del independentismo catalán. Un gobierno que facilita, con su presidente a la cabeza, la segregación de España. Así, como quien no quiere la cosa y sin darnos cuenta, con engaño, se consuma.
Mientras tanto, a fuerza de titular arriba, titular abajo, hay que contentar a sus votantes, porque el PP es de los «males el mejor», dicen con rembombancia y prepotencia…
