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Pintadas contrarias al turismo en el Parque Guell de Barcelona. EFE/Archivo
Los ataques contra intereses turísticos de los últimos días han sacado a la calle un debate que ha encendido la alarma en las administraciones, sobre todo las autonómicas, que llevan años tratando de poner orden en los puntos más conflictivos del sector, como los alojamientos ilegales o la masificación.
Más aún después de que el mayorista turístico alemán TUI, el más importante de Europa, haya dicho que España está bastante llena ya de turistas y que, además, los precios han subido, por lo que cree que hay otros países que podrían beneficiarse.
En medio de ese panorama, algunas comunidades creen que regular las viviendas de alquiler turístico, recuperar los llamados destinos «maduros», contribuir a la desestacionalización e incluso imponer una tasa por visitante son claves para limitar el turismo de masas y su derivada más penosa, el «turismo de borrachera». Y, de paso, ahorrarse protestas de los vecinos.
Todo ello hace que este verano se hable, más que nunca, del turismo.
Protestas
En Cataluña, comunidad donde se iniciaron las acciones contra intereses turísticos, la Generalitat ha expresado que «velará por los visitantes y por la imagen de la marca Cataluña» y para ello ejercerá la acusación particular en la causa del ataque al bus turístico de Barcelona, que reivindicó Arran, organización juvenil vinculada a la CUP.
Por este ataque también presentó una denuncia Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que valoró los daños materiales y el paro del servicio en 1.849,24 euros.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue una de las primeras en tomar medidas contra la masificación turística aprobando moratorias a nuevos hoteles y apartamentos turísticos.
Colau ha condenado «firmemente» las acciones contra el turismo, si bien ha pedido «no magnificar hechos aislados» pues lo que «es normalidad en la ciudad es la convivencia entre ciudadanos y visitantes».
Ya el año pasado había pintadas contra el turismo en el centro de Palma, pero los episodios vandálicos se han recrudecido este año, con tres nuevas acciones, la primera de las cuales -el uso de bengalas, pancartas y confeti lanzado a los turistas de la terraza de un restaurante del Moll Vell- ya tiene una propuesta de sanción de 1.200 euros por parte de la Delegación del Gobierno en Baleares.
Desde el Govern balear, su vicepresidente, Biel Barceló, ha criticado duramente este tipo de actuaciones y, aunque ha dicho compartir la preocupación por el «actual modelo turístico de masas» de Baleares y su modelo económico «desequilibrado», ha advertido de que «no se puede jugar de esta manera con la principal» industria del archipiélago.
El actual Ejecutivo balear de PSIB-PSOE y MÉS ha abogado desde el principio de la legislatura por un cambio en el modelo turístico y, de hecho, el martes entró en vigor la modificación de la Ley de Turismo para acabar con la «especulación» en el alquiler de las viviendas y promover un modelo «responsable, sostenible y equilibrado».
Con esta ley se fija un «techo máximo» de plazas turísticas en Baleares, de 623.624, de ellas 300.127 hoteleras, 92.931 de alquiler en vivienda vacacional y 42.649 disponibles en una bolsa de plazas.
En el País Vasco, la preocupación por estas protestas se acrecentó el miércoles, cuando las juventudes de Sortu, Ernai, atacaron con pintura la sede de la Agencia Vasca del Turismo Basquetour en Bilbao.
Partidos e instituciones salieron entonces en defensa del sector y algunas fuerzas, como el PSE, pidieron a la izquierda abertzale que pusiera fin a las protestas de sus jóvenes.
Hay un consenso generalizado acerca de que Euskadi no tiene un turismo «masificado» y de que, por lo tanto, no es necesario cambiar el modelo, que apuesta por ser «sostenible y de calidad», en palabras del propio lehendakari, Iñigo Urkullu.
No obstante, la consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha animado a «trabajar entre todos para buscar una solución» a los «momentos puntuales» de masificación en la parte vieja de San Sebastián. «No niego el problema», ha dicho.
Precisamente en la capital donostiarra, las empresas del sector y las instituciones han cerrado filas en torno a un sector que supone el 13,4 % del PIB local y han dado una imagen de unidad en defensa del turismo «diferenciado, sostenible y de calidad» en la ciudad.
Otras comunidades de sol y playa
En Andalucía, por ahora, no se han producido casos de «turismofobia», un asunto sobre el que se ha pronunciado esta semana el consejero andaluz de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, quien ha abogado por distribuir en el territorio la «presión turística» para evitar conflictos entre turistas y vecinos.
Fernández ha diferenciado a Andalucía de otros destinos como Cataluña, donde «prácticamente el 70 por ciento del turismo se concentra en Barcelona», o Baleares, que «tienen un problema porque tienen monocultivo en el turismo».
«Nosotros no estamos en las mismas circunstancias», ha aseverado Fernández, quien ha añadido que puede haber «problemas puntuales en alguna ciudad, en algún momento que coincida con las fiestas, pero no es algo que sea generalizado».
Sin embargo, el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa (Faeplayas), Norberto del Castillo, ha avisado de que «no es sostenible subir todos los años en turistas» y ha apostado por enfocar la promoción a mercados con alto poder adquisitivo.
«Llegará un momento en que no tendremos agua o luz y habrá el triple de turistas que la población residente», ha manifestado Del Castillo a Efe, quien ha asegurado que «ya hay problemas en Baleares y Barcelona» por el crecimiento turístico.
Canarias no ha tenido ningún episodio violento ni lo espera, sobre todo porque las zonas de afluencia de turistas y las de residentes están bastante diferenciadas.
En 2015, el Gobierno canario reguló el alquiler vacacional con un decreto muy restrictivo, que prohibía ejercer esta actividad en zonas catalogadas como «turísticas» y que vetaba el alquiler por habitaciones, aspectos anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por infringir el derecho de libertad de empresa y la directiva europea sobre servicios.
Otra reciente sentencia del TSJC anuló más artículos, entre ellos uno que permitía a la administración disponer, vía decreto, cómo debe comportarse el turista que elige alojarse en una vivienda de alquiler vacacional, incluso si se limita a imponerle el respeto a unas mínimas normas de civismo.
Frente a la «turismofobia», el presidente valenciano Ximo Puig considera que en su comunidad lo que hay es «turismofilia», ya que esta región, a su juicio, es «abierta, hospitalaria y de vocación turística».
Ximo Puig cree que el debate generado es «artificial», porque «siempre ha habido problemas cotidianos», que «no son turismofobia», al tiempo que ha criticado al PP por «instrumentalizar» este asunto.
La Generalitat Valenciana está incoando diligencias previas que podrían desembocar en la apertura de expedientes sancionadores a siete plataformas de alquiler de viviendas por la supuesta comercialización de apartamentos ilegales.
Podemos-Podem -partido que da sustento parlamentario al Gobierno valenciano, aunque no forma parte de él- ha convocado a vecinos y profesionales de la hostelería a un debate sobre «la gentrificación de la ciudad y los nuevos modelos de turismo masivo» a partir del próximo mes de septiembre.
Desde Murcia, su presidente, Fernando López Miras, ha calificado de «graves» los actos vandálicos contra el sector turísticos y ha subrayado que «más grave aún es la actitud de quienes no los condenan».
El Ejecutivo de Murcia apuesta por un turismo de calidad y desestacionalizado, para lo que va a potenciar el deportivo, el gastronómico y el religioso, como el de Caravaca de la Cruz jubilar, que ya ha superado el millón de visitas.
Según el Instituto de Turismo de Murcia, ya hay medidas para regularizar mejor la afluencia de turistas, con refuerzos de las inspecciones de alojamientos vacacionales clandestinos a través de un dispositivo especial que contempla medio centenar de controles y sanciones para los alojamientos irregulares de entre 1.000 y 10.000 euros.
Los territorios menos masificados
Durante la última semana han aparecido cuatro pintadas en Oviedo en contra de los turistas, pero el Gobierno asturiano dice que es un hecho aislado que no tiene que tener protagonismo ante un sector que supone ya el 10 por ciento del PIB regional en una comunidad eminentemente industrial.
Su consejero de Turismo, Isaac Pola, ha descartado que en el Principado haya «turismofobia» y ha argumentado que esta comunidad ofrece turismo sostenible, de calidad y «armónico» con la naturaleza, que no colisiona con otros sectores.
Ayuntamiento de Oviedo, hosteleros y vecinos han condenado las pintadas hechas en el casco histórico de la capital asturiana, donde su alcaldesa en funciones, la socialista Ana Rivas, ha dicho que son acciones «absurdas» que no dejan de ser actos vandálicos que afectan al patrimonio histórico.
Por el momento, Aragón es ajena a esta polémica y su Gobierno regional sigue trabajando por implantar en la comunidad un modelo basado en la calidad.
El Ejecutivo aragonés aprobó el año pasado el Plan Aragonés de Estrategia Turística 2016-2020, que busca impulsar prácticas de turismo sostenible que impliquen el cuidado de los recursos naturales y que se favorezca tanto la conservación del medio natural como la práctica de un ecoturismo responsable y socialmente justo con los habitantes locales.
Tampoco Madrid ha sufrido hasta ahora ninguna protesta de este tipo y, lejos de intentar contener la llegada de turistas, tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de la capital se han volcado en los últimos meses en iniciativas para hacer más atractiva la región y atraer a más visitantes, sobre todo extranjeros.
La última de ellas es un acuerdo con Iberia para que esta aerolínea proyecte en sus vuelos internacionales un vídeo de seguridad con imágenes de la región.
No obstante, ante el gran aumento de apartamentos turísticos en la capital y la subida de los precios del alquiler de viviendas, la Comunidad está preparando un decreto para ponerles coto, una nueva normativa que, entre otras cosas, creará un certificado de idoneidad para las viviendas, permitirá que las comunidades de vecinos veten los apartamentos turísticos y tratará como empresas turísticas a plataformas como AirBnb.
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha lamentado los ataques contra intereses turísticos y ha incidido en el hecho de que los responsables sean siempre grupos de izquierda.
Comunidades del interior como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Navarra y La Rioja no han sufrido ningún caso de «turismofobia» y sus autoridades comparten la idea de proteger el turismo como una oportunidad de desarrollo, lo mismo que Galicia. EFE
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