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El PP rectifica y mantiene la libertad vigilada para asesinos y maltratadores

El PP rectifica y mantiene la libertad vigilada para asesinos y maltratadores

Senado de España. senado.es

Había presentado dos enmiendas al proyecto de ley del Código Penal suprimiendo la libertad vigilada para ambos supuestos

El Grupo Popular en el Senado ha rectificado pocas horas después y ha anunciado la retirada de las enmiendas.

El PP ha anunciado que retirará inmediatamente las dos enmiendas del proyecto de ley del Código Penal que había presentado este jueves en el Senado, y que suprimían las medidas de libertad vigilada en supuestos como los asesinatos graves y la violencia de género, al haber cometido un error en trámite de enmiendas en la Cámaba alta.

Fuentes parlamentarias han informado a Efe de la retirada de las dos propuestas, que había presentado en un primer momento el Grupo Popular en el Senado dentro del bloque de enmiendas a la reforma del Código Penal.

«No está en la voluntad del Grupo Parlamentario Popular prescindir de la medida de libertad vigilada para esos delitos, por lo que esas enmiendas serán retiradas inmediatamente», explican las fuentes, que añaden que el PSOE y la Entesa también presentaron enmiendas para suprimir la libertad vigilada.

Al respecto, las fuentes han explicado que se ha producido un error en la tramitación de las enmiendas en el Senado, por el cual se han retirado dos referencias a la libertad vigilada, «suprimiendo involuntariamente» su aplicación a los delitos de asesinato y violencia de género.

Con esas dos enmiendas, las medidas de libertad vigilada se mantenían solo para los delincuentes sexuales, tal y como establece la legislación vigente, y se suprimían las que los populares habían propuesto para otras figuras delictivas.

Se mantiene la libertad vigilada

De esta forma, el texto mantiene las medidas de libertad vigilada para los casos de asesinatos castigados con la pena de prisión permanente revisable, aquellos en que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad, o discapacidad física o mental, a los condenados por matar a sus parejas y a los asesinos que sean miembros de una organización criminal.

Pero también se podrá aplicar esta medida a los expresos que hayan sido condenados por ejercer la violencia física o psíquica contra sus parejas, menores y discapacitados que convivan con ellos en el mismo domicilio.

La libertad vigilada, que en la legislación vigente solo se aplica a los delincuentes sexuales, tiene una duración mínima de tres años y máxima de cinco, siempre que la persona haya sido condenada a más de un año de prisión.

Esta iniciativa impone medidas de control judicial como localización mediante dispositivos electrónicos, comparecencias periódicas, prohibición de determinadas tareas que faciliten la comisión de este tipo de delitos o la obligación de someterse a terapias o tratamientos médicos, entre otras.

Casos de asesinatos graves o violencia de género

La iniciativa ahora retirada podría haber eliminado una de las iniciativas que el Gobierno se comprometió a adoptar en 2013 en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia sobre la Mujer diseñada por el Ministerio de Sanidad, un plan con vigencia hasta 2016 que contempla «extender la medida de libertad vigilada a los delitos de violencia de género» para mejorar la respuesta institucional a esta lacra social.

Suprimir esta previsión contradice las recomendaciones del CGPJ y el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género

Suprimir esta previsión también habría ido en contra de las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial y, en particular, del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género adscrito a esta institución, que viene reivindicando la extensión de la libertad vigilada para estos delincuentes desde al menos 2011 y había aplaudido su incorporación al Código Penal.

La libertad vigilada también se ha aprobado como medida en la proposición de ley de reforma del Código Penal en materia de terrorismo, derivada del pacto contra el yihadismo entre PP y PSOE.

Atentado contra la autoridad

El grupo parlamentario popular también ha propuesto la eliminación del endurecimiento de penas previstas para aquellos que atenten contra la autoridad en manifestaciones o reuniones públicas, introducida en este caso en el proyecto de ley orgánica de modificación del Código. Los ‘populares’ consideran que la pena mínima de tres años y un día, recogida en la reforma de la norma, «podría resultar desproporcionada en algún caso».

Se propone que las agresiones a profesores y médicos se consideren atentado a la autoridad

El PP ha propuesto, además, ampliar los supuestos de atentado contra la autoridad e incluir los actos de agresión, intimidación grave o violencia cometidos «contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de la funciones propias de su cargo».

Una de las enmiendas presentadas por el PP este jueves propone incrementar las penas para aquellos que participen en un motín en algún establecimiento penitenciario, que se enfrentarán a posibles condenas de hasta cuatro años de prisión.

Multirreincidencia y falsificación de medicamentos

El grupo parlamentario en el Senado quiere también eliminar el cambio de 400 a 500 euros del límite previsto para el hurto ya que «no parece oportuno incrementar en los momentos actuales la cantidad delimitadora entre unas y otras infracciones» y propone cambios técnicos que mejorarían para aumentar la persecución de multirreincidentes en casos como los butrones, alunizajes o robo de cable de cobre o suministro eléctrico.

Otro de los cambios sugeridos es que se puedan retirar las aplicaciones móviles que difundan pornografía infantil.

Además, elevan la penas de prisión de tres a cuatro años para la falsificación de medicamentos e incorpora una referencia al «riesgo para la vida o la salud de las personas», para adecuar la legislación a la propuesta del Consejo de Europa.

También se define el objeto de las falsificaciones, que incluirá tanto los medicamentos como los productos sanitarios junto con sus accesorios, elementos o materiales esenciales para su integridad.

 

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