El ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha declarado que el juez Elpidio José Silva tenía la «decidida intención» de enviarle a prisión y actuó con «animadversión y alevosía» en el procedimiento que abrió contra él
Así se ha pronunciado el ex banquero durante el juicio abierto contra Silva por supuesta prevaricación y otros presuntos delitos cometidos durante la investigación de un crédito de 26,6 millones que la caja madrileña concedió al exjefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y sobre la compra del City National Bank de Florida.
Según Blesa, el acusado le provocó un perjuicio económico que puede ser «graduable», pero hubo «uno mayor, que es el moral que ha causado con su proceder prevaricador». Según ha dicho, de nada servían los informes que avalaban las operaciones investigadas, puesto que el juez pensaba que era un responsable «presidencialista que hacía lo que quería» en la caja.
En concreto, ha precisado que quiso aportar al juez un expediente del Consejo de Administración decidiendo por unanimidad otorgar el préstamo al entonces consejero Díaz Ferrán con los informes favorables de los órganos de la caja, así como un informe del regulador americano sobre la adquisición del banco con sede en Miami.
Blesa ha manifestado que todas las predicciones de la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, se cumplían y, por ello, tenía «pleno conocimiento» de que ingresaría en prisión el 16 de mayo. «Solo una predicción nunca se cumplió. Decían que estaban a punto de descubrir el gran patrimonio que yo tenía en Miami y nunca lo encontraron porque no lo había».
Por otra parte, Blesa ha expresado que un auto que firmaba el juez Silva le hacía saber que sus comunicaciones estaban intervenidas, mientras que ha señalado que Caja Madrid le «colocó» en su domicilio un ordenador portátil, como hacía con otros consejeros y directivos. La entidad «nunca» lo reclamó y fue la Guardia Civil la que se lo pidió por orden del juez.
En este contexto, Blesa ha negado haber «cazado en una finca o conocer la casa» de Díaz Ferrán y ha agregado que denunció a Silva por las manifestaciones que hizo mientras estaba en el ejercicio de sus funciones y que el juez «nunca» preguntó a la caja de ahorros si el préstamos estaba pagado o no.
El juez Silva, en excedencia y ahora ejerciendo como abogado, está acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada y retraso en la Administración de Justicia. La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación y la incapacidad para obtener durante el tiempo de condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia, en concreto, aquellos que conlleven el ejercicio de la función jurisdiccional.
Blesa pide 40 años de inhabilitación y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reclama que sea inhabilitado durante 24 años para trabajar en la Administración de Justicia.
