Pablo Hertfelder García-Conde, presidente del IPSE
IPSE registra ante Moncloa, Interior y Política Territorial tres escritos exigiendo la dimisión de Sánchez, Marlaska y Torres por las 72.000 entradas en Ceuta
El Instituto de Política Social (IPSE) ha registrado este martes, a las 15:00 horas, tres escritos ante la Presidencia del Gobierno, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para exigir la dimisión de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres por la crisis de Ceuta y auditar las 72.000 entradas irregulares comunicadas por Interior.
La actuación ejerce el derecho de petición reconocido por el artículo 29 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/2001. El IPSE exige en 24 horas un balance provisional único, que se encargue una auditoría técnica independiente en quince días hábiles y la comparecencia de los tres responsables ante el Congreso.
Comparecencia del presidente del Instituto de Política Social, Pablo Hertfelder García-Conde
Además de las medidas incluidas en los registros, el Instituto exige que Sánchez promueva la disolución de las Cortes y la convocatoria urgente de elecciones generales, al considerar quebrada la confianza política necesaria para continuar la legislatura.
«Hoy no presentamos una simple protesta: hemos registrado tres peticiones ante los responsables directos. Sánchez, Marlaska y Torres deben responder con datos y responsabilidades. Si no pueden explicar cómo se perdió la frontera, deben dimitir y devolver la palabra a los españoles», ha declarado Pablo Hertfelder García-Conde, presidente del IPSE.
Tres registros oficiales ante los órganos responsables
Los justificantes de la Administración General del Estado acreditan las siguientes presentaciones:
• Presidencia del Gobierno: registro REGAGE26e00072530324
• Ministerio del Interior: registro REGAGE26e00072532119
• Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática: registro REGAGE26e00072534335
Los escritos reclaman acuse de recibo en diez días y una contestación expresa y motivada. Una vez admitida la petición, la Ley Orgánica 4/2001 fija un máximo de tres meses para responder.
Cada presentación incorpora el escrito como documento anexo y una huella digital SHA-512. No se trata de una acusación penal, sino de un cauce constitucional para exigir datos verificables, medidas administrativas y responsabilidades políticas.
«Existen tres registros, tres destinatarios y diez extremos que deben auditarse. El Gobierno puede responder o esconderse, pero ya no puede fingir que nadie le ha pedido formalmente explicaciones», ha advertido Hertfelder.
El Ejecutivo ha anunciado refuerzos de hasta un 50 % en personal administrativo y de un 40% en efectivos de la Guardia Civil, El Instituto valora el trabajo de los servidores públicos desplegados, pero considera que reforzar medios después del colapso no exime de explicar por qué el dispositivo anterior resultó incapaz de impedirlo.
Las seis preguntas se convierten en diez comprobaciones auditables
El IPSE ha convertido las seis preguntas planteadas públicamente en una solicitud técnica de diez comprobaciones verificables.
La auditoría deberá determinar:
• Cómo se calcularon las 72.000 llegadas: personas individualizadas, identificaciones, cruces detectados o estimaciones.
• Si existieron duplicidades y qué mecanismos se emplearon para evitarlas.
• Las entradas por día y franja horaria durante el 30 y el 31 de julio.
• Las salidas de Ceuta, separando retornos, traslados y otras situaciones administrativas.
• Las personas que permanecen en Ceuta y las fechas de corte utilizadas.
• Los adultos, menores, identificaciones pendientes y solicitudes de protección internacional.
• La conciliación entre más de 70.000 salidas y entre 8.000 y 11.000 permanencias estimadas.
• Las alertas, decisiones y órdenes de refuerzo adoptadas.
• Los medios disponibles antes y después del colapso fronterizo.
• El coste extraordinario asumido por el Estado y la Ciudad Autónoma.
El escrito solicita que la auditoría sea realizada por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad o por otro órgano que no haya intervenido en la elaboración de las cifras. El IPSE reclama también que sus conclusiones sean remitidas al Congreso, a Ceuta y a los órganos competentes de la Unión Europea.
El Instituto reclama datos agregados, trazables y metodológicamente explicados: fecha de corte, fuente, categoría estadística, posibles duplicidades y margen de error. Proteger las operaciones es perfectamente compatible con decir la verdad a los españoles.
«Prometer retornos no borra la pérdida de control»
El Ministerio del Interior mantiene que 72.000 personas entraron irregularmente el 30 de julio y que más de 70.000 salieron posteriormente. Este martes, José Manuel Albares ha asegurado que «hasta la última persona» que entró irregularmente regresará a Marruecos.
Para el IPSE, esa promesa no explica por qué se produjo el colapso, qué avisos existieron, cómo se construyeron las cifras y quién asume la responsabilidad política.
«Prometer retornos no borra que decenas de miles de personas atravesaron una frontera española. Devolver después no convierte en éxito haber perdido antes el control», ha sostenido Hertfelder.
El Gobierno ha anunciado para finales de agosto las comparecencias de Marlaska, Albares, Margarita Robles y Félix Bolaños. El IPSE reclama además la presencia de Sánchez y Torres, un balance inmediato y una auditoría con plazos concretos.
El Instituto considera insuficiente aplazar las explicaciones mientras la crisis continúa abierta. Exige una primera fotografía consolidada en 24 horas, sin perjuicio de la auditoría técnica posterior.
Dimisiones y elecciones generales
La petición exige que Sánchez, Marlaska y Torres dimitan o, subsidiariamente, que el presidente cese a los dos ministros. Reclama también coordinación interministerial permanente, refuerzos estructurales para Policía Nacional y Guardia Civil y protocolos verificables de contingencia fronteriza.
«Un Gobierno que pierde la frontera, ofrece cifras que necesitan ser conciliadas y aplaza las explicaciones no puede pedir confianza ilimitada. Primero deben dimitir los responsables y después deben hablar los españoles en las urnas. Ceuta es España y la soberanía nacional no puede quedar sin consecuencias políticas», ha concluido el presidente del IPSE.
