Protestas contra el déficit de examinadores.
Como Gestor Administrativo y Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Navarra, conozco a Belén Santamaría desde hace muchos años. Nuestra relación es estrictamente profesional y fruto de una colaboración constante en materia de Tráfico. Hemos compartido momentos de acuerdo y también de discrepancia, pero siempre con un objetivo común: intentar buscar soluciones a los problemas que afectan a ciudadanos y profesionales.
Precisamente por ese conocimiento directo del funcionamiento de la Administración considero necesario realizar una reflexión ante las críticas que se han dirigido en las últimas semanas hacia la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra y, especialmente, hacia su responsable.
Y no solo hablo de Tráfico. Cualquier responsable de un organismo dependiente de la Administración General del Estado, ya sea la Oficina de Extranjería, la Tesorería General de la Seguridad Social o cualquier otro organismo con el que colaboramos habitualmente, se enfrenta a una realidad que quienes trabajamos diariamente con la Administración conocemos perfectamente: gestionar recursos insuficientes y dar respuesta a una demanda creciente sin disponer de capacidad para resolver muchos de los problemas que se les atribuyen.
Por ello, aunque ciudadanos y profesionales tenemos todo el derecho a mostrar nuestro malestar cuando un servicio no funciona como debería, también tenemos la responsabilidad de dirigir nuestras críticas hacia quienes realmente tienen capacidad para tomar decisiones. Las protestas forman parte de una sociedad democrática, pero cuando se personaliza un problema estructural se corre el riesgo de señalar a quien carece de capacidad para solucionarlo.
El prolongado colapso en el sistema de exámenes de conducir en Navarra ha derivado, de manera tan injusta como equivocada, en una campaña de señalamiento hacia la Jefa Provincial de Tráfico, Belén Santamaría. Una reacción comprensible desde la frustración que genera la situación, pero que parte de un diagnóstico erróneo.
La realidad administrativa es incontestable: la Jefatura Provincial de Tráfico carece por completo de competencias para convocar plazas, contratar personal o modificar las condiciones retributivas de los examinadores. La llave del sistema pertenece exclusivamente al Ministerio del Interior.
Navarra se encuentra atrapada en una situación que el Estado no ha sabido corregir. Las plazas de examinador se ofertan con las mismas condiciones económicas que en territorios con un coste de vida considerablemente inferior. Como consecuencia, muchas vacantes resultan poco atractivas y el sistema depende periódicamente de examinadores itinerantes desplazados desde otras provincias para aliviar una situación que se repite año tras año.
Exigir a la Jefatura Provincial que resuelva una cuestión que depende de decisiones estatales es responsabilizar al intermediario de un problema cuya solución no está en sus manos.
Quienes colaboramos diariamente con organismos dependientes de la Administración General del Estado sabemos perfectamente que sus responsables gestionan recursos, pero no deciden sobre plantillas, convocatorias, retribuciones o estructuras organizativas. Esas decisiones corresponden a instancias superiores.
Por eso, el debate no debería centrarse en buscar culpables, sino en buscar soluciones.
Y es precisamente ahí donde creo que la Administración tiene una oportunidad que lleva años desaprovechando: apoyarse en los colectivos colaboradores y en los profesionales que trabajamos diariamente con ella.
Recientemente tuve ocasión de debatir esta cuestión en un encuentro institucional celebrado en Málaga junto a responsables de distintas jefaturas provinciales. Durante la conversación surgió una reflexión que considero especialmente relevante: España continúa afrontando este problema desde un modelo rígido y exclusivamente funcionarial, mientras que otros países europeos llevan años aplicando fórmulas de colaboración que han demostrado ser eficaces.
No estamos hablando de propuestas teóricas. En Francia, por ejemplo, el Estado externalizó la gestión de los exámenes teóricos a entidades homologadas, permitiendo liberar recursos públicos para agilizar las pruebas prácticas. En Alemania, la evaluación de conductores se realiza a través de organizaciones técnicas acreditadas como TÜV o DEKRA, bajo supervisión pública, garantizando la calidad del servicio y una cobertura eficiente en todo el territorio.
Estos modelos demuestran que la colaboración entre la Administración y profesionales o entidades especializadas no supone una pérdida de control por parte de la Administración, sino una herramienta para mejorar la eficiencia del sistema y dar respuesta a problemas que los recursos propios no siempre pueden resolver por sí solos.
Los Gestores Administrativos llevamos décadas colaborando con distintas administraciones públicas mediante sistemas que han demostrado su eficacia. Gracias a estos modelos de colaboración, miles de trámites se realizan cada día de forma más ágil y eficiente para ciudadanos, empresas y Administraciones.
La experiencia demuestra que cuando la Administración se apoya en profesionales especializados y colaboradores sociales cualificados, los procedimientos se agilizan, se reducen cargas burocráticas y se optimizan los recursos públicos.
El problema que hoy afecta a Tráfico en Navarra no es un problema local ni una responsabilidad individual. Es la consecuencia de un modelo que necesita adaptarse a una realidad distinta y que requiere soluciones estructurales.
Defender a Belén Santamaría no significa negar la existencia del problema. Al contrario. Significa señalar correctamente dónde se encuentra su origen. Si seguimos responsabilizando a quienes carecen de capacidad de decisión, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Si, por el contrario, empezamos a debatir cómo modernizar determinados servicios y cómo aprovechar la experiencia de los colectivos colaboradores, estaremos mucho más cerca de encontrar soluciones reales.
La Administración tiene hoy numerosos frentes abiertos y una evidente falta de personal en muchos ámbitos. Quizá ha llegado el momento de dejarse ayudar más por quienes llevamos años colaborando con ella y aportando soluciones viables, regladas y eficaces.
Porque buscar soluciones entre todos, desde el diálogo, la experiencia y la colaboración, sigue siendo la mejor forma de avanzar.
Núria García León, Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Navarra
