La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola.
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UPN exige situación regular y ausencia de antecedentes penales para cobrar la Renta Garantizada
Ibarrola ha presentado la propuesta de UPN para reformar la prestación, que pasa también por limitar el periodo a 3 años y reducir la cuantía conforme se va percibiendo en el tiempo
Será obligatorio el programa personalizado para encontrar empleo desde el inicio, se dejará de percibir si se rechaza un trabajo y se endurecen las sanciones en caso de infracción
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha dado a conocer este viernes los detalles de la proposición de ley que ha registrado la formación foralista en el Parlamento de Navarra para reformar la ley de la Renta Garantizada.
Ibarrola ha mostrado la solidaridad de UPN con las personas más vulnerables que necesitan ayuda porque atraviesan un mal momento y con el derecho a su inclusión mediante el acompañamiento para la formación, empleabilidad e integración social.
Pero ha reconocido que se debe mejorar la regulación de la renta garantizada para que cumpla verdaderamente sus objetivos.
Entre las modificaciones propuestas, se encuentran los requisitos exigidos para poder percibirla, como residir en situación regular y carecer de antecedentes penales por la comisión de los delitos de homicidio, lesiones, contra la libertad sexual, robos con fuerza o intimidación, contra la salud pública, atentado a la autoridad, resistencia y desobediencia grave.
Otra novedad es que se limita a un máximo de 3 años la duración de la prestación, percibiendo el primer año el 100%, el 70% el segundo y el 50% el tercero, salvo motivos excepcionales y justificados que se concretan. “Queremos evitar la cronificación de la situación de perceptor de ayudas y corregir factores que desincentivan la búsqueda de empleo”, ha defendido Ibarrola.
Precisamente, para fomentar el acceso al empleo y a la integración, “que debe serobjetivo prioritario e irrenunciable”, ha señalado la presidenta de UPN, los foralistas proponen hacer obligatorio y no dejarlo a petición del perceptor, como se establece ahora, su participación en un programa personalizado de inclusión sociolaboral desde el inicio, con profesional de los Servicios Sociales de Base asignado por ley.
Otras obligaciones que se deberán cumplir son la de no rechazar ninguna oferta de empleo salvo determinadas causas, mantener actualizados los antecedentes penales, mantener escolarizados a los menores a cargo que estén en edad de escolarización
obligatoria y conocer el español.
El rechazo a la oferta de trabajo, la condena por comisión de delitos o haber causado baja voluntaria o excedencia laboral conllevará la extinción de la prestación.
La proposición de ley de UPN también establece la creación de un servicio de inspección que de forma continua y pormenorizada revise el cumplimiento de los requisitos de percepción de la renta para evitar el fraude en el cobro, estableciendo
una auditoria anual.
Además, endurece las sanciones ante infracciones tanto leves, como graves y muy graves, ampliando los periodos en los que se deja de cobrar y las causas que generan algunas infracciones.
Topes máximos de ayudas públicas
La iniciativa de la formación foralista propone, finalmente, que el Gobierno de Navarra establezca en el plazo de un año desde la aprobación de la modificación de la ley límites máximos al conjunto de ayudas públicas que puedan percibir las personas o unidades familiares en situación de vulnerabilidad.
La presidenta de UPN ha explicado que estos topes máximos de percepción conjunta incluirán, además de la renta garantizada, el resto de las ayudas, prestaciones o subvenciones públicas que puedan percibir.
El texto legal presentado recoge que ‘la fijación de dichos límites tendrá como finalidad ordenar el sistema de protección social y garantizar una adecuada proporcionalidad en el acceso a los recursos públicos, sin que ello impida que las personas beneficiarias de la renta garantizada puedan solicitar y percibir otras ayudas compatibles, siempre que la suma total de las mismas no supere los topes máximos que reglamentariamente se establezcan’.
