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Valoración ciudadana y coste de los servicios públicos en Navarra
El Think Tank navarro, Institución Futuro, analiza más en detalle los resultados que el Gobierno de Navarra publicó de la Encuesta sobre la Confianza Ciudadana en las Instituciones y su Percepción en la Prestación de Servicios Públicos en Navarra (2025)
Hace pocas semanas el Gobierno de Navarra publicó los resultados de la Encuesta sobre la Confianza Ciudadana en las Instituciones y su Percepción en la Prestación de Servicios Públicos en Navarra (2025). El objetivo de la encuesta no es otro que analizar la legitimidad y la confianza ciudadana en las instituciones y servicios públicos.
Los resultados de la valoración del funcionamiento de las administraciones públicas en Navarra apuntan a una tendencia general favorable. La opción más señalada es “bastante positivo” (46,5%), seguida de “muy positivo” (24,2%). En conjunto, siete de cada diez personas (70,7%) realizan una valoración positiva
Las posiciones menos favorables son minoritarias, un 11,2% lo califica como “bastante negativo” y un 5,4% como “muy negativo”, lo que suma un 16,6% de opiniones negativas. Además, un 12,7% se sitúa en una posición intermedia (“ni positiva ni negativa”).

Por tanto, en una primera aproximación, la valoración del funcionamiento de las Administraciones Públicas en Navarra resulta favorable. Sin embargo, al desagregar los resultados por área se observa que las valoraciones difieren considerablemente según el ámbito analizado, es decir, no son homogéneas.
Los resultados más favorables se concentran en educación, donde la satisfacción alcanza el 72,3 %, seguido del transporte público (67,6 %), la atención a la ciudadanía (65,4 %) y la protección del medio ambiente (64,5 %), junto con servicios sociales (63,8 %) y seguridad ciudadana (62,4 %).
Por el contrario, algunas áreas presentan un diagnóstico menos favorable. La peor, la valoración ciudadana sobre la vivienda: un 84,9% se de clara insatisfecho. Salud es otra área con una valoración negativa, con un 55 % de insatisfacción.

El think tank navarro afirma que para contextualizar esta percepción y completar la lectura, resulta pertinente contrastarla con la evolución reciente de los recursos públicos destinados a las dos políticas públicas peor valoradas en la encuesta del Gobierno de Navarra: vivienda y salud.
Entre 2015 y 2024 se aprecia en el área de vivienda, en términos generales, un incremento sostenido del presupuesto, especialmente en los últimos años de todo el periodo analizado. En la mayoría de los años, el presupuesto aprobado ha sido superior al gasto finalmente ejecutado. Aun así, el gasto ejecutado también crece, aunque de manera más gradual, y con diferencias visibles respecto a lo inicialmente previsto en distintos años. En términos reales, descontada la inflación, el gasto en vivienda fue de 57.272.810 euros en 2015 y de 118.789.708 euros en 2024, lo que supone un incremento del 107% en diez años.

El análisis del presupuesto en sanidad, un ámbito que también presenta una valoración poco favorable en la encuesta, muestra que la evolución entre 2015 y 2024, tanto el presupuesto como el gasto, siguen una trayectoria ascendente en términos generales y en la mayoría de los periodos el gasto es superior a lo presupuestado. En término reales, descontada la inflación, el gasto sanitario fue de 1.185.079.391 euros en 2015 y de 1.524.568.794 euros en 2024, lo que ha supuesto un 28,64% más.

Al incorporar la dimensión presupuestaria (2015–2024), el análisis sugiere que el factor determinante no se limita a disponer de “más recursos”, sino a la capacidad de convertir lo planificado en intervenciones concretas. En vivienda y sanidad se observa una pauta recurrente: el presupuesto aumenta, pero en muchos años el gasto final se queda por debajo de lo previsto al inicio, comprueba Institución Futuro.
Estas diferencias entre lo presupuestado y lo gastado no son solo un dato contable, suelen ser un indicador del desempeño del ciclo de la gestión pública (planificación, tramitación, contratación y capacidad de ejecución) y de las restricciones operativas que condicionan la implementación de la política destaca Institución Futuro. La infraejecución suele estar vinculada a carencias de capacidad administrativa, demoras, ausencia de proyectos maduros o fallos de coordinación y la sobreejecución, a ajustes y gastos no previstos a lo largo del periodo. El resultado es una brecha persistente entre lo presupuestado y lo finalmente ejecutado, afirma la Fundación Civismo. Por eso, además del tamaño de las partidas, el foco debería situarse en la calidad de la gestión y en la capacidad efectiva de transformar los recursos asignados en resultados tangibles para la ciudadanía, concluyen.
