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7 personas forman la comisión de reconocimiento de las víctimas de abusos

NAVARRA INFORMACIÓN

7 personas forman la comisión de «reconocimiento de las víctimas de abusos en la Iglesia católica», Esther Aldave, Mikel Lizarraga, Camino Bueno, Mikel Códoba, Josean Echauri, Ana Carmona e Izaskun Gartzaron

Una comisión que se conforma con base a la Ley aprobada este año y que será constituida en el plazo de un mes.

Para ello, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo santos, ya ha firmado este jueves una orden foral por la que nombra a estas siete perosnas.

Así pues, a escasos seis meses de las elecciones forales de 2023, el Gobierno de Chivite (PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E y apoyo necesario de Bildu), crean esta comisión con el fin de «valorar las solicitudes presentadas y proponer, al amparo de la Ley Foral 24/2022, de 5 de julio».  También decidirán estas siete personas sobre «la admisión o inadmisión de las solicitudes y, cuando proceda, la propuesta de declaración de la condición de víctima de abusos en el seno de la Iglesia católica de Navarra».

Según se informa desde el Gobierno de Chivite, «la jerarquía de la Iglesia católica en Navarra ha declinado participar en esta comisión».

Quiénes son las 7 personas 

El Gobierno, detalla el currículo de cada una de estas 7 personas.

Camino Bueno Zamarbide, nacida en Pamplona, es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza y ha desarrollado toda su actividad profesional en el área docente, como profesora en el Colegio Vedruna, en el IES Politécnico de Estella y en la Escuela de Formación de esta última localidad; y ha sido directora del IES Zizur BHI, además de ser miembro del Consejo Escolar de Navarra.

Mikel Lizarraga Rada es profesor de la Universidad Pública de Navarra en el área de Historia del Derecho. Ha sido el coordinador del libro “Abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica. Hacia la verdad, la justicia y la reparación desde Navarra” y autor del informe elaborado a instancia del Gobierno de Navarra “Abusos sexuales a menores por miembros de la Iglesia Católica en Navarra (1948-2022)”, en el que se analiza tanto la dimensión y estructura de estos hechos como la percepciones y demandas de las víctimas, además del derecho de estas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Esther Aldave es doctora en Historia por la Universidad Pública de Navarra, con la tesis “Violencia y sociedad en Pamplona (1876-1936)”. Cuenta con una estancia de investigación en el Instituto de Historia Social de Amsterdam y con varias publicaciones, entre las que destaca la biografía “Ramón Bengaray. Osasuna y República”. Actualmente, forma parte del equipo del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra.

Josean Echauri Tijeras es licenciado y doctor en Psicología por la Universidad Pública de Navarra donde trabaja como profesor del grado. Es socio fundador de PSIMAE, especialista en Psicología Jurídica y Forense y miembro de la Red Nacional de Psicólogos para la Atención a Víctimas del Terrorismo. Ostenta el cargo de presidente de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica (AIPJ). Además, ejerce de psicólogo para la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos del Gobierno de Navarra.

Mikel Córdoba Gavín es consultor independiente especializado en la gestión, monitoreo y evaluación de proyectos desarrollados en el ámbito de los derechos humanos, y con la participación de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos.

Ana Carmona Juanmartiñena es licenciada en Derecho y graduada en Criminología. Experta en Género y en Mediación y Resolución de Conflictos. Ha colaborado con diversas entidades locales, asociaciones y colectivos en temas relacionados con la igualdad y con las distintas violencias que sufren las mujeres.

Izaskun Gartzaron es licenciada en Periodismo y Derecho, tiene formación y experiencia en mediación, es funcionaria de la Dirección General de Justicia desde el año 2010. Asimismo, ostenta la jefatura de Asistencia a víctimas del delito desde el año 2015 coordinando la oficina que, además de atender a víctimas de diversos delitos, realiza funciones de asistencia a los juzgados en otros ámbitos como las medidas de apoyos a personas con discapacidad y personas afectadas por procesos que pueden suponen pérdida de vivienda habitual, ejecuciones hipotecarias y desahucios de alquiler.

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