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Nuevos casos de abusos a pocos días de la reunión de obispos en el Vaticano

A menos de quince días de la reunión convocada por el papa con las Conferencias Episcopales para tratar los abusos a menores en la Iglesia, los obispos españoles se enfrentan a este encuentro en un momento en el que se suceden las denuncias que afectan a sacerdotes de sus diócesis.

El incesante goteo de denuncias hechas públicas en distintos medios de comunicación en los últimos días ha llevado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a solicitar a la Conferencia Episcopal Española (CEE) información de casos e investigaciones abiertas sobre presuntos abusos y agresiones sexuales de miembros y representantes de la Iglesia a menores.

Una petición que Delgado ha hecho en una carta enviada esta semana al presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, en la que le solicita toda la información de la que disponga sobre investigaciones internas y procedimientos abiertos por denuncias de abusos y agresiones sexuales en instituciones religiosas.

La misiva de Justicia se suma a la petición dirigida a la Fiscalía General del Estado para conocer las diligencias abiertas en los tribunales por esos presuntos delitos cometidos en el seno de congregaciones, colegios y otras instituciones religiosas.

Sin embargo, la CEE aseguró que no había recibido la carta, lamentó haberse enterado por la prensa y subrayó que las instituciones eclesiásticas han puesto en manos de la Santa Sede y de las autoridades judiciales españolas «los casos de los que han tenido conocimiento».

Y reiteraron los obispos que «una sincera inquietud por las víctimas, exige preocuparse de todos los ámbitos e instituciones en donde se producen los abusos» con el fin de afrontar este «grave problema que afecta a toda la sociedad», y no solo a la Iglesia católica.

A lo largo de esta semana, dos párrocos de la archidiócesis de Tarragona han presentado su renuncia tras conocerse que habían sido investigados por denuncias de abusos sexuales a menores.

Se trata del actual párroco de las localidades leridanas de Arbeca, Maldà, Belianes, Omellons y Rocafort de Vallbona, Josep Maria Font y del párroco de Constantí y La Canonja, Xavier Morell.

Este último se vio obligado a renunciar tras publicarse que estuvo investigado por el Vaticano por una denuncia de abusos y posesión de pornografía infantil, aunque finalmente tanto el juez como la Iglesia sobreseyeron el caso.

También se ha sabido que el arzobispado de Tarragona investigó al expárroco de Constantí Pere Llagostera -fallecido hace dos años- por tocamientos a menores durante las colonias de verano organizadas por la parroquia para los monaguillos en el Pirineo.

Y, tras la renuncia de Morell, el sacerdote Josep Maria Font tuvo que dimitir después de que ‘El Periódico de Catalunya’ publicara que había acompañado a Llagostera en las excursiones con monaguillos, y que éstos le habían confesado que los había sometido a tocamientos sin que él hiciera nada.

Según el mismo medio, Font ya había sido apartado por el Departamento de Educación en 2011 de un colegio de Cabra del Camp (Tarragona), donde impartía religión porque algunos profesores le sorprendieron con dos alumnas a solas sentadas en su regazo.
El departamento de Educación, no obstante, no denunció los hechos ni ante la policía ni ante la fiscalía.

A estos casos se les suman las nueve presuntas víctimas que han denunciado abusos sexuales por parte del padre Andreu Soler, monje de la abadía de Montserrat ya fallecido y que fue responsable del movimiento escultista durante cuarenta años en los que estuvo en contacto con menores.

Y en medio de esta polémica, el arzobispo de Tarragona, Jaume Puyol, se refirió a los abusos a menores cometidos entre 2015 y 2016 por los tres sacerdotes de su diócesis, diciendo que «hay personas que tienen este mal momento en la vida, que los lleva a hacer algo que después quizás se arrepentirán».

Unas declaraciones que generaron indignación y tras las que el Arzobispado comunicó que Pujol, que cumplió 75 años el viernes, de acuerdo con el Código de Derecho Canónico, había iniciado los trámites de su jubilación.

Tal y como ha explicado a Efe Miguel Ángel Hurtado, primera víctima que hizo público su caso, la mayoría de los abusos denunciados tuvieron lugar entre los años 70 y 80.

Las víctimas necesitan mucho tiempo para poder verbalizar los abusos» y los que ahora denuncian tienen entre 40 y 50 años, ha apuntado. Por eso, está convencido de que habrá más denuncias.

su homilía del domingo, el abad de Montserrat, Josep Maria Soler, pidió perdón por los casos de abusos sexuales y se comprometió a «aclarar» lo sucedido.

La misma semana en la que el Síndic de Greuges (el defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, ha abierto una investigación de oficio sobre los presuntos abusos sexuales vinculados a la Iglesia y ha anunciado la creación de un protocolo para garantizar que en los entornos religiosos donde se hacen actividades con niños se pueda prevenir y combatir cualquier intento de abuso a los derechos de los menores.

Además, el Obispado de Gerona ha anunciado la puesta en marcha de una comisión diocesana que investigará los presuntos casos de abusos a menores cometidos durante más de treinta años por el párroco del municipio de Vilobí d’Onyar, Tomàs Pons, que tiene 91 años y desde hace veinte vive en una residencia.

Según el diario ‘Ara’, Pons habría abusado durante 33 años de diversos menores, abusos de los que el Obispado «no tenía constancia».

También esta semana la Fiscalía de Vizcaya ha registrado una querella por cuatro delitos de abusos contra un presbítero que ya fue apartado de sus funciones.

El Ministerio Público abrió en diciembre diligencias en el caso del sacerdote, que había sido apartado por el Obispado de Bilbao y los «scout» de Bizkaia por «comportamientos inadecuados contra la libertad sexual».

Este caso en el País Vasco se suma al goteo de denuncias contra una exprofesor del Colegio de los Salesianos del barrio de Deusto de Bilbao presentadas por una veintena de exalumnos víctimas de abusos sexuales y físicos a finales de los años 70 y la siguiente década del pasado siglo, cuando eran niños.

Decenas de personas respaldaron este viernes en Bilbao a las víctimas de este caso en una concentración «contra la impunidad» en la que un participante pidió a la Iglesia vasca «que se posicione» sobre este escándalo de abusos a menores, el de mayor dimensión hasta la fecha conocido en el País Vasco.

Fuentes eclesiásticas han confirmado a Efe que, tras tener conocimiento de todos estos casos, la Conferencia Episcopal Tarraconense, que agrupa a los obispos de todas las diócesis de Cataluña, tienen previsto abordar la próxima semana los casos de pederastia cometidos por religiosos. EFE

Marta Ostiz

Pie de foto

Miguel Ángel Hurtado (i), impulsor de la campaña “elabusonoprescribe” y víctima del monje Andreu Soler, y Pete Saunders (d), antiguo miembro de la comisión antipederastia organizada por el Papa Francisco en el Vaticano, durante una concentración en Montserrat para exigir transparencia y responsabilidades. 

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