Tras las algaradas callejeras del día 1 de octubre en muchas ciudades y pueblos catalanes, alentadas tras las declaraciones del propio presidente del gobierno catalán, Joaquín Torres (Torra), poco o ningún margen queda al presidente del Gobierno de España, señor Sánchez, para enderezar la situación. Una situación que, a tenor de los acontecimientos, presentes y pasados, no pasa por mantener el «dialogo».
La aplicación de un nuevo 155 -serio y eficaz- planea en el horizonte, aunque el Gobierno no quiera ponerlo en marcha. Los constantes ataques al orden establecido no pueden ser tolerados por un Gobierno que está para defender los derechos de todos los españoles, incluidos los catalanes, también los que quieren seguir siendo lo que son y ven cómo su gobierno los ha abandonado.
Un Gobierno, por cierto, lleno de cadáveres políticos que se mantienen en el poder porque no queda otra, porque su presidente no quiere ser recordado como aquel que tuvo un gobierno que aumentó a 17 sus ministerios y destacó por las dimisiones obligadas de sus ministros y presidente. Sin convocar las elecciones prometidas.
Si no se quieren tomar decisiones es hora de apartarse y que decida el pueblo, que cada día que pasa se antojan más que probables, y cuyos resultados deberían provocar que el nacionalismo vasco y catalán desaparecieran del Congreso. Su mérito, ser antiespañoles, su castigo no permitirles llegar al Congreso.