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El CGPJ pide a Navarra información sobre la filtración de datos de la víctima de La Manada

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitará al Gobierno de Navarra información sobre la filtración de datos personales de la víctima de La Manada cuando se divulgó la sentencia para determinar si se ha vulnerado la normativa de protección de datos.

La Comisión Permanente del CGPJ se ha reunido hoy para valorar un informe realizado por la vocal Victoria Cinto, en el que aprecia «un funcionamiento irregular en materia de protección de datos» por parte de la letrada de la Administración de Justicia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra que remitió la sentencia al departamento de Comunicación.

Sin embargo, la Comisión ha decidido retirar del orden del día dicho informe porque considera necesario recabar más información antes de adoptar una decisión sobre el posible funcionamiento regular o irregular en materia de protección de datos.

Por ello, ha acordado dirigirse al Gobierno navarro para saber las garantías de seguridad que ofrece la Sede Judicial Electrónica y si se han adoptado medidas adicionales a raíz de la filtración que posibilitó que datos personales de la víctima, como su nombre y apellidos o su dirección, fueran publicados en algunos medios digitales y en las redes sociales.

El CGPJ también pedirá al Gobierno Foral que le notifique los documentos concretos que se descargaron entre el 26 de abril y el 8 de mayo, fecha en la que se tuvo conocimiento de la filtración, además de la formación sobre el expediente judicial electrónico y el Código Seguro de Verificación (CSV), que fue impartida a los miembros de la Carrera Judicial y letrados de la Administración de Justicia en Navarra.

También se dirigirá a la presidenta de la Audiencia de Navarra, Esther Erice, para que le informe sobre cuándo y cómo tuvo conocimiento de que se había producido un acceso indebido a la referida sentencia y qué medidas se adoptaron.

Precisamente, la publicación del CSV fue la que motivó la filtración pues, aunque los datos de la víctima sí que estaban borrados de la sentencia, ese código permitió acceder al documento original en la página web del Gobierno Foral.

A raíz de la divulgación de los datos personales de la víctima sus abogados presentaron una denuncia por presuntos delitos de amenazas y contra la intimidad de la joven madrileña en medios de comunicación digitales y redes sociales. EFE

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