El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con PSOE y Ciudadanos (C’s) para sacar adelante un sistema extrajudicial que ofrezca a los afectados por una hipoteca con cláusula suelo una solución gratuita que les permita recuperar el dinero pagado de más al no haberse beneficiado íntegramente de las rebajas del euríbor.
Según han explicado fuentes próximas al Ejecutivo, este acuerdo permitirá previsiblemente que el Consejo de Ministros de este viernes apruebe un real decreto ley que recoja esta iniciativa y establezca un plazo máximo de 3 meses para que la banca aporte una salida a los casi 1,5 millones de afectados.
Los bancos deberán informar a los clientes como recuperar el dinero
Las entidades financieras tendrán la obligación de dar a conocer a todos sus clientes afectados la existencia de dicho procedimiento, al que podrán sumarse en cualquier sucursal de la entidad, para que sean ellos los que decidan si acuden al mismo o no.
Las entidades estarán obligadas a hacerle una oferta de devolución de las cantidad cobradas indebidamente por las cláusulas suelo, más los intereses de demora recogidos de forma expresa y desglosada. La negociación de las partes no podrá durar más de tres meses y, en caso de que no haya acuerdo, ambas podrán acudir a los tribunales, que según algunas fuentes pueden tardar entre 1,5 y tres años en resolver cada caso. Si un afectado ya ha ido a la justicia y le interesa la nueva vía extrajudicial, se ha previsto que quede suspendida de forma provisional la tramitación en los juzgados.
Incentivos al acuerdo
Los partidos, en cualquier caso, han incluido dos incentivos para que bancos y afectados pacten y no colapsen los juzgados. Por una parte, el hecho de que el procedimiento sea gratuito para los clientes, que no tendrán así que hacer frente a gastos para acudir a la justicia. Pero aún más importante, el tema de las costas judiciales. El pacto penaliza a las entidades que hagan la oferta obligatoria de devolución pero informen a su cliente de que a su juicio su cláusula suelo es legal y no quieren llegar a un acuerdo, o hagan una oferta muy baja.
Si el cliente rechaza la oferta, va a los tribunales y el juez obliga al banco a devolverle una cantidad mayor a la que este había propuesto, la entidad tendrá también que pagar las costas. En cambio, si el cliente rechaza la oferta y el magistrado obliga a la entidad a pagarle una cantidad inferior a la que había ofertado al afectado, el banco no tendrá que pagar las costas. Se trata de un tema clave: el Banco de España ha calculado que devolver todo lo cobrado de más costará al sector hasta 4.000 millones de euros, y algunas fuentes calculan que el montante total de las costas judiciales podría ser de una cantidad similar.
Fiscalidad aclarada
El real decreto permitirá también a las partes buscar una fórmula que no pase por la devolución del dinero sino mediante otros mecanismos, como la amortización de parte del capital de la hipoteca. Eso sí, esas fórmulas alternativas tendrán «carácter subsidiario y dependerá de la aceptación expresa y por escrito del cliente, en documento aparte, con las debidas garantías de transparencia e información, entre las que se incluye un plazo mínimo para poder valorar el acuerdo que se le ofrezca», que se ha fijado en 15 días. Los partidos han tratado con ello de que no se produzcan nuevos abusos por parte de los bancos en forma de engaños o presiones a sus clientes.
Otro punto importante es la fiscalidad, que no estaba nada clara. Los afectados no tendrán que declarar en el IRPF el dinero pagado de más que recuperen porque se entiende que no hay un enriquecimiento. Sin embargo, sí tendrán que hacer una declaración complementaria por el dinero que se hayan desgravado de más por la deducción de vivienda durante los años en que se aplicó la cláusula suelo. Eso sí, no se aplicarán ni recargos ni sanciones y este efecto fiscal quedará limitado a los ejercicios no prescritos.
Seguimiento y control
La duda ahora es si los bancos van a poner los medios necesarios para informar y negociar con sus clientes en el plazo establecido, además de si van a estar dispuestos a llegar a acuerdos sin necesidad de acudir a los juzgados. Para velar por lo primero, se va a crear una comisión de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones, que «podrá proponer las medidas a su juicio necesarias para impulsar una correcta implantación del mecanismo extrajudicial». Su composición ha quedado para el desarrollo de la ley, pero el PSOE ha propuesto ya que asociaciones de consumidores y el Consejo General de la Abogacía formen parte de la mismo. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
No está mal. Al menos podremos acudir al banco sin que te digan que no saben de qué les hablas o que tú no tienes derecho a devolución alguna.
¿Que los bancos informen cómo reclamarles a ellos mismos? ¿ Estan de broma?. Primero te estafan y luego te van a informar cómo reclamar a los que te han estafado. El gobierno debería decretar rápidamente el procedimiento para recibir de los bancos el dinero estafado y dejarse ya de tanto marear la perdiz