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El Parlamento rechaza una moción para instar al Gobierno de Navarra a reformar el IRPF
El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de UPN, PSN, Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y no adscrita, la abstención del PPN y el voto a favor del Grupo Mixto, una moción para instar al Gobierno de Navarra a “reformar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el marco de su autonomía tributaria”.
Dicha modificación, según se precisa, pasaría por “simplificar la tarifa, reduciendo el IRPF a un tipo del 15 % a aplicar sobre bases imponibles inferiores a 70.000 euros y un tipo del 25 % a aplicar sobre bases imponibles superiores a dicha cantidad, aplicando un mínimo de 22.000 euros anuales de rentas del trabajo, con independencia de tener uno o dos pagadores”.
La reforma incluiría también una “deducción en cuota de cuantía creciente por cada hijo a cargo, de carácter general para los contribuyentes con residencia fiscal en Navarra y sin umbrales de renta que excluyan a las rentas medias”. Y una “deducción por nacimiento o adopción de cuantía suficiente, aplicable el año del hecho causante y los dos siguientes, compatible con la deducción por hijo a cargo y con el resto de beneficios familiares”.
La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se emplazaba al Ejecutivo Foral a “implantar un sistema de cheque o prestación directa por hijo a cargo, de cuantía mensual suficiente, con umbrales de renta muy superiores a los actuales, muy por encima del IPREM y del indicador SARA, que cubra al menos hasta los tres años y se extienda de forma decreciente hasta los 18, con incrementos para familias numerosas, monoparentales y por discapacidad. En su concesión se valorará de forma preferente el arraigo efectivo en Navarra empadronamiento de larga duración, residencia legal continuada, cotización y vínculo familiar y la nacionalidad española”.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhortaba al gobierno de Navarra a “garantizar la gratuidad real de la educación infantil de 0 a 3 años mediante un cheque escolar que permita la libre elección de centro, público o privado autorizado, como medida de conciliación y apoyo a la natalidad, dirigido a las familias con residencia efectiva en Navarra y valorando el arraigo en los términos del punto anterior”.
Asimismo, se conminaba al Ejecutivo Foral a “promover, en la red pública de educación infantil de 0 a 3 años, que el acceso a plaza, cuando la demanda supere la oferta, priorice a las familias con arraigo efectivo en Navarra, empadronamiento de larga duración, residencia legal continuada, cotización y vínculo familiar y la nacionalidad española”.
En ese contexto, se compelía al Gobierno de Navarra a “establecer el arraigo como criterio preferente en las ayudas a la familia, en la vivienda protegida, en las ayudas al alquiler y en los programas de compra: valorar el número de hijos, el empadronamiento de larga duración, la residencia legal continuada, la cotización, la cercanía familiar, la residencia de ascendientes y la nacionalidad española, de modo que el esfuerzo público beneficie primero a quienes sostienen con su trabajo y sus impuestos la Comunidad Foral”.
Además, se invitaba al Ejecutivo Foral a “modificar la normativa de Haciendas Locales para habilitar y reforzar bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y demás tributos locales a favor de las unidades familiares con menores a cargo y residencia efectiva en Navarra, y a promover su aplicación efectiva en coordinación con los ayuntamientos”.
Al hilo de lo apuntado, se planteaba al Gobierno de Navarra “establecer incentivos fiscales para las empresas con domicilio o actividad en Navarra que contraten o reincorporen a madres con hijos de corta edad, a padres de familias numerosas o que implanten medidas efectivas de flexibilidad horaria y conciliación”.
Por otra parte, se animaba al Ejecutivo Foral a “promover, en colaboración con el tejido empresarial de Navarra, acuerdos y códigos de buenas prácticas de conciliación, sin invadir la legislación laboral de ámbito estatal”.
A ese respecto, se propugnaba que Gobierno de Navarra apostase por “recuperar y ampliar, en el ámbito de su personal al servicio de la Administración foral y de sus organismos públicos, permisos, flexibilidad y medidas de conciliación que no penalicen el cuidado de los hijos”.
De manera análoga, se pedía al Gobierno de Navarra “incorporar de forma transversal la perspectiva familiar en todas las normas, presupuestos y políticas públicas forales de carácter social; lanzar una campaña institucional positiva sobre el matrimonio, la familia, la maternidad y la paternidad; e incrementar de forma sostenida la dotación presupuestaria destinada a políticas familiares”.
Paralelamente, se invitaba al Gobierno de España “reducir el IVA al tipo superreducido en los productos básicos de alimentación y en los productos de primera infancia (pañales, leche de fórmula, biberones y análogos) y a impulsar, en el marco de la normativa europea, su gravamen al tipo mínimo posible, por su carácter esencial para las familias”.
En ese marco, se compelía al Parlamento de Navarra a “instar al Gobierno de España a recuperar la bonificación del 100 % de la cuota empresarial por permisos de nacimiento y cuidado del menor y a mejorar, en el Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de Seguridad Social, la flexibilidad laboral de las personas con hijos a cargo”.
Y a “impulsar un plan nacional de acceso a la vivienda que beneficie de forma preferente a las familias con hijos, valorando el arraigo social, el empadronamiento de larga duración, la residencia legal continuada, la cotización, la residencia de ascendientes y la nacionalidad española”.
También se compelía a la Cámara a emplazar al Gobierno de España a “mejorar las pensiones en función del número de hijos y a reconocer periodos de cotización por cuidado exclusivo de hijos, de modo que la maternidad y la paternidad no se traduzcan en una penalización vitalicia”.
Y a requerir la “elaboración de una ley de protección de la vida y la maternidad que garantice información, acompañamiento y apoyo real a las mujeres embarazadas, especialmente las más vulnerables, y que priorice la cultura de la vida frente a cualquier incentivo contrario a la natalidad”.
En ese sentido, se pretendía que el Parlamento de Navarra instara al Gobierno de España a “orientar las ayudas sociales, las prestaciones familiares y los programas de vivienda de ámbito estatal, de forma que se dirijan de manera preferente a quienes acrediten un vínculo estable de residencia, trabajo y contribución, valorando el arraigo y la nacionalidad española”.
Por último, se solicitaba al Legislativo Foral que exhortase a los gobiernos de Navarra y España a “cesar en la promoción de normativas que imponen costes adicionales a las familias trabajadoras sin un beneficio acreditado en bienestar y natalidad, y a orientar el esfuerzo público a aliviar la carga fiscal y residencial de quienes tienen o desean tener hijos”.
En la exposición de motivos, el Grupo Mixto planteaba un refuerzo de las políticas de apoyo a la natalidad y a las familias para, mediante medidas fiscales, ayudas directas y actuaciones en materia de vivienda especialmente dirigidas a familias numerosas y rentas medias, mitigar los efectos de la baja natalidad, el encarecimiento del coste de la vida y las dificultades de conciliación.


