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Desde la Agrupación Local de Tudela de Geroa Bai mostramos nuestro rechazo al pre-acuerdo alcanzado entre la Mancomunidad de Residuos Sólidos de La Ribera y el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa para el pre-tratamiento en la planta del Culebrete de 70.000 toneladas anuales de residuos urbanos, de la fracción resto, procedentes de Guipúzcoa. Por ello, esperamos y deseamos que los partidos políticos representados en la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera (PSN-PSOE, I.E., UPN, Podemos y ACI) rechacen dicho pre-acuerdo en la próxima junta donde se debatirá y se votará.
Nos gustaría recalcar que Geroa Bai fue la única formación política que en su programa electoral de las pasadas elecciones municipales al Ayuntamiento de Tudela pedía expresamente una revisión y solución a los problemas de funcionamiento del vertedero del Culebrete.
Las instalaciones del Culebrete presentan graves deficiencias históricas de funcionamiento cuya corrección ha sido exigida por de Gobierno en Navarra desde el año 2015. Entre las graves deficiencias detectadas se pueden destacar las que afectan al tratamiento de los lixiviados, o al proceso de bio-metanización, con escasa generación de energía y un compost inutilizable por su alto contenido en plomo y cadmio. Además de falta de control en la recepción de residuos industriales y bajo nivel de reciclado.
La falta de transparencia y oscurantismo con la cual la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera y la empresa adjudicataria, FCC, han gestionado el vertedero del Culebrete en los últimos años se ve reflejada en la forma como se ha llevado a cabo la firma de este pre-acuerdo, con carácter de urgencia y sin la información pública que consideramos exigible.
Geroa Bai Tudela entiende que todos los esfuerzos de la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera deberían focalizarse dar solución a las deficiencias de funcionamiento de sus instalaciones del Culebrete y que no tiene sentido en estos momentos plantear un aumento de la cantidad de residuos gestionados.
Finalmente, recuerda que el Gobierno de Navarra sólo debe velar por el cumplimiento de la legalidad ambiental a cualquier acuerdo que se le plantee pero que la decisión final de firmarlo o no corresponde a las mancomunidades y, en este caso, quedan muchas incógnitas por despejar como, por ejemplo, el destino final de esos residuos.

