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NAVARRA INFORMACIÓN
Ocho de cada diez caseros exigen el aval de los padres para alquilar a estudiantes
SEAG advierte de que la falta de nómina convierte la solvencia de la familia del estudiante en el principal filtro de acceso a una habitación. La organización estima que la mitad de los arrendadores pide además una garantía económica adicional o el pago anticipado de varias mensualidades
Ocho de cada diez propietarios que alquilan una habitación a estudiantes solicitan el aval solidario de los padres o de otro familiar, según un informe de Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG). La . La ausencia de una nómina estable de los estudiantes convierte la solvencia familiar en el principal criterio de selección ante el nuevo curso, sobre todo cuando varios candidatos compiten por una misma habitación.
Ante esta situación, además del aval solidario y la fianza, el propietario suele solicitar las últimas nóminas, el contrato laboral y, en algunos casos, la declaración de la renta del avalista. SEAG estima que aproximadamente la mitad de los arrendadores pide, además, una garantía económica adicional o el pago anticipado de varias mensualidades. De esta forma, el desembolso inicial puede equivaler a entre 2 y 4 meses de alquiler, sumando la primera mensualidad, la fianza y otras garantías.
La presión es mayor por el encarecimiento de las habitaciones. Según las estimaciones de SEAG para el comienzo del curso, el precio medio mensual se sitúa alrededor de los 700 en Barcelona, 650 euros en Madrid, 550 euros en Málaga, 450 euros en Valencia, 400 euros en Bilbao y Sevilla, 380 euros en Salamanca y Zaragoza, 360 euros en Alicante y Murcia y 350 euros en Granada. En un curso de diez meses, el alojamiento puede representar entre 3.300 y 7.000 euros, sin contar suministros, transporte ni otros gastos.
En caso de impago, según los datos de la organización, los propietarios tardan una media de 118 días, cerca de cuatro meses, en recuperar una habitación alquilada. La cantidad media adeudada en estos casos ronda los 1.500 euros. Este riesgo ha llevado a muchos arrendadores a endurecer los requisitos exigidos a los estudiantes, un perfil que habitualmente carece de nómina, ingresos regulares e historial de solvencia.
“El propietario no desconfía necesariamente del estudiante, pero necesita saber quién responderá si se produce un impago”, explica Daniela Salinas, directora del Departamento Jurídico de SEAG. “Cuando el candidato no tiene ingresos propios, la nómina de sus padres termina funcionando como pasaporte de entrada al alquiler. Esto protege al arrendador, pero también puede excluir a estudiantes cuyas familias no pueden acreditar una solvencia elevada. Cuando varios estudiantes compiten por una misma habitación, el propietario suele elegir al candidato que presenta mayores garantías de cobro”, asegura Salinas. Esta selección puede dejar fuera a jóvenes capaces de pagar mediante una beca, ahorros o un empleo a tiempo parcial, pero cuyas familias no disponen de nóminas elevadas o contratos indefinidos.
