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El Parlamento de Navarra con los votos de Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E rechaza “rotundamente” la tortura

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y los votos en contra de UPN, PSN y PPN, una resolución, impulsada por los cuatro partidos que han votado a favor, por la que se “rechaza rotundamente la práctica de la tortura e insta al Gobierno de España a derogar la legislación de excepción que permite la detención incomunicada y las situaciones de desprotección y, en todo caso, asegure el respeto a todos los derechos y garantías de las personas detenidas”.

El segundo punto que “toma en consideración los reiterados informes publicados por organismos como Amnistía Internacional o por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, así como las sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado español. En este sentido, emplaza al Gobierno de España a atender los principios establecidos en la Convención contra la Tortura y a cumplir la reiterada doctrina del Tribunal de Estrasburgo, que recomienda investigar con rigor todas las denuncias de tortura”, ha contado con el respaldo de PSN. mientras que UPN y PPN han mantenido sus votos en contra.

El tercer punto. aprobado por los cuatro partidos que impulsan la resolución, “muestra su solidaridad con todas las personas que han sufrido torturas y malos tratos y exhorta al Gobierno de Navarra a investigar las denuncias  realizadas por ciudadanos y ciudadanas navarras, así como a impulsar el reconocimiento y reparación de las personas que han sido víctimas de esas prácticas, al objeto de posibilitar la reconciliación y el compromiso de no repetición de estas situaciones”.

UPN ha presentado una enmienda de sustitución no aceptada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, por la que instaba al Gobierno de España a “introducir las mejoras normativas y prácticas necesarias para, conforme a las recomendaciones formuladas en los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, garantizar la observación rigurosa de lo previsto en el grueso de la legislación europea y española relativa a la salvaguarda de los derechos de los detenidos”.

Asimismo y “a la luz de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo”, se emplazaba al Gobierno de España a “adoptar las medidas necesarias para una rápida y rigurosa investigación de todas las denuncias de malos tratos y torturas que se produzcan”.

Además, se exhortaba al Ejecutivo central a finalizar, “en un plazo no superior a seis meses, la elaboración del II Plan Nacional de Derechos Humanos, donde se incluyan las medidas anunciadas por el propio Gobierno en respuesta al informe del CEPT (grabación audiovisual de la permanencia en dependencias policiales en régimen de comunicación, reconocimiento por médicos adscritos al servicio público de salud, etcétera)”.

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