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El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, dice que el servicio público de empleo estatal financió el déficit del conjunto de prestaciones por desempleo con el dinero sobrante de las cuotas de formación profesional, que debía dedicarse a la formación profesional para el empleo
Ha sido en la comisión mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas donde ha presentado el informe de fiscalización de la financiación de las prestaciones contributivas y no contributivas gestionadas por el servicio público de empleo estatal en el que incluye datos de 2008 a 2010, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Según Álvarez de Miranda, el subsistema de formación profesional se financia con cargo al Fondo Social Europeo, a cargo de las aportaciones específicas del presupuesto del servicio público de empleo, a cargo de las cuotas de formación profesional que aportan empresas y trabajadores. Estas aportaciones son consideradas como «ingresos afectados» y no pueden destinarse a otra finalidad.
Así el presidente del organismo fiscalizador aseguró que «se ha verificado que el servicio público de empleo estatal no reflejó en su contabilidad la existencia de un remanente generado por las cuotas de formación profesional» destinándose no a la formación profesional para el empleo sino al déficit del conjunto de prestaciones por desempleo.
