La denuncia del fiscal Nisman contra la presidenta era por un presunto encubrimiento a terroristas
La Justicia de Argentina ha desestimado este jueves la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento a terroristas, han informado fuentes judiciales a medios locales. El magistrado Daniel Rafecas ha rechazado abrir investigación sobre las acusaciones de Nisman, aunque la decisión aún puede ser apelada.
El análisis de los indicios presentados en la denuncia «inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descrito como una supuesta maniobra de ‘encubrimiento’ y/o ‘entorpecimiento de la investigación’ del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní», según la resolución del juez. «Por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto ‘plan criminal’ denunciado», considerado Rafecas.
La denuncia se centra en el atentado con coche bomba contra la sede de la Asociación Mutual Israelíta-Argentina (AMIA), un centro judío de Buenos Aires, causó 85 muertos y 300 heridos. Se trata del mayor atentado terrorista cometido en Argentina. En 2007, Interpol dictó orden de arresto contra cinco ciudadanos iraníes como principales sospechosos. Irán siempre ha negado cualquier implicación.
Memorándum de entendimiento con Irán
Las acusaciones se relacionaban con la firma de un memorándum de entendimiento con Irán, aprobado en 2013 en Argentina pero nunca ratificado por las autoridades iraníes, que contemplaba la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer el atentado.
Según la denuncia del fiscal, el ministro de Exteriores, Héctor Timerman, fue «el principal instrumentador del plan de impunidad ideado» y «transmitió a Irán la decisión del Gobierno argentino de abandonar el reclamo de justicia de la causa AMIA».
Según la denuncia de Nisman, tras el memorándum se escondían negociaciones entre la Presidencia argentina y el Gobierno de Irán para intensificar las relaciones comerciales a cambio de encubrir a los presuntos terroristas. Rafecas desestima esta acusación porque «el presunto delito nunca se cometió», ya que el tratado nunca se puso en marcha. Desde la oposición, aunque han ratificado su respeto a la Justicia, han cuestionado que el magistrado Rafecas actúe con independencia.
La noticia de la desestimación de esta demanda se conoce horas después de que la Cámara de Diputados haya aprobado la ley que reforma su actual sistema de inteligencia, una norma impulsada por la propia presidenta.
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