La Junta de Andalucía ha solicitado la nulidad de la causa que investiga la juez Mercedes Alaya sobre el presunto fraude en subvenciones a cursos de formación por parte de la administración autonómica por considerar que puede existir «vulneración del principio de juez natural»
Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo andaluz, los Servicios Jurídicos de la Junta han dirigido un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que lidera Mercedes Alaya, en el que esgrime la «nulidad de competencias» de la magistrada en la causa sobre los cursos de formación porque puede existir «vulneración del principio de juez natural».
Este recurso se produce después de que la magistrada decidiese el pasado viernes librar oficio al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que este Cuerpo cese «de inmediato» su investigación en torno a las irregularidades en cursos de formación y entregue en el Juzgado todas las actuaciones practicadas en torno a este asunto para que sea en exclusiva la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que indague.
Junto a ello, el Ejecutivo andaluz también ha recurrido el auto dictado por Alaya el pasado viernes en el que da diez días a la Junta para entregar en el plazo de diez días las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros –los denominados ‘consejillos’– desde el año 2001 hasta el 18 de octubre de 2012 en el marco de la investigación sobre los ERE irregulares.
Según las mismas fuentes, el recurso de los Servicios Jurídicos de la Junta no se dirige contra la solicitud de la magistrada, sino contra la argumentación de que el Ejecutivo autonómico «no puede regular ayudas sociolaborales». A juicio de los letrados de la Junta, la jueza instructora no es «competente» para dilucidar este extremo, sino el Tribunal Constitucional (TC).
De hecho, la intención de la Junta es publicar en su web las actas de los ‘consejillos’ que solicita la magistrada una vez entregadas en el Juzgado porque «no hay nada que ocultar», según las fuentes consultadas por Europa Press, que subrayan que se trata de una decisión «inédita» que persigue que esa documentación la tenga la juez «y luego toda la ciudadanía».
