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Mas presiona a 700 alcaldes para que se lleve a cabo la consulta del 9-N

Mas presiona a 700 alcaldes para que se lleve a cabo la consulta del 9-N
Artur Mas, durante el mensaje que protagonizó con motivo de la Diada Nacional de Catalunya. (Foto: La Vanguardia).
Artur Mas, durante el mensaje que protagonizó con motivo de la Diada Nacional de Catalunya. (Foto: La Vanguardia).

La Generalitat está desplegando en los últimos días todos sus recursos para conseguir que los alcaldes de Cataluña le cedan locales municipales en los que instalar las urnas el 9 de noviembre y lograr que el sucedáneo de consulta sea un éxito. Los 700 regidores de los municipios menos poblados de Cataluña han recibido desde el viernes pasado correos electrónicos y llamadas telefónicas de diversos cargos del Gobierno catalán en los que se les reclama, de manera más o menos imperativa, que faciliten la relación de esos locales y las personas que se harán cargo de ellos.

Son, en todos los casos, correos electrónicos y llamadas telefónicas que no constituyen ningún acto administrativo y que, por tanto, no son susceptibles de ser recurridos ante los tribunales por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, según el Departamento de Gobernación de la Generalitat. Desde que el presidente Artur Mas anunciara que cambiaba la consulta inicialmente prevista por un “proceso participativo”, la Generalitat ha insistido en que todos los trámites los hará evitando en la medida de lo posible ponerlos por escrito. Con ello espera ponerle “muy difícil” al Gobierno el recurso ante el Tribunal Constitucional. La consulta original, que sí había sido convocada oficialmente con un decreto firmado por Mas, fue impugnada por el Ejecutivo de Rajoy y suspendida automáticamente por el tribunal el pasado 29 de septiembre.

El inmenso poder territorial que CiU y, en menor medida, ERC tienen en los municipios ha facilitado la labor. En la mayor parte de las localidades los alcaldes son firmes partidarios de la consulta y han apostado por colaborar, pese a las advertencias en contra que ha lanzado la Delegación del Gobierno en Cataluña. En otros municipios, especialmente los del PSC o aquellos donde el ayuntamiento tiene poca capacidad de organización por su reducido tamaño, las presiones para garantizar la colaboración han sido constantes en los últimos días.

En Cataluña hay 947 municipios y solo en 251 hay institutos públicos. Se trata de las ciudades más pobladas de Cataluña y en ellas la Generalitat, como titular de los centros, podrá habilitar las mesas electorales sin necesidad de reclamar la colaboración de los ayuntamientos. Pero quedan otros 696 pueblos de menos de 5.000 habitantes en los que, si los ayuntamientos no colaboran cediendo sus locales, no se podría celebrar la consulta.

La insistencia de la Generalitat en reclamar la colaboración de los alcaldes desde el pasado fin de semana ha surtido sus efectos, de manera que ayer solo quedaban cinco municipios que se habían negado a ceder sus instalaciones. La presión se inició el pasado viernes, cuando los siete delegados territoriales del Gobierno catalán enviaron un correo electrónico a los alcaldes de su zona con un formulario en el que tenían que detallar el nombre del equipamiento municipal que cedían a la Generalitat, la dirección y el número máximo de mesas electorales que podría acoger; también la identidad, DNI, teléfono móvil y correo electrónico de la persona designada por el ayuntamiento para realizar funciones de “coordinador local” en la consulta y al que se le exige que se inscriba como voluntario.

El formulario era idéntico en todos los casos y se detallaba que el plazo para devolverlo expiraba el pasado lunes a las dos de la tarde. Sin embargo, la carta de presentación que cada uno de los siete delegados de la Generalitat dirige a los alcaldes es distinta en cada caso y emplean un tono muy diferente, llegando a ser conminatorio en algún caso. Así, el delegado territorial de la Generalitat en Barcelona, Fernando Brea, envía el formulario a los alcaldes con este comentario: “Para que nos lo devolváis […] al efecto de saber qué equipamientos municipales podéis poner a disposición”. La carta apremia a los alcaldes a responder en el plazo previsto, agradece la colaboración del alcalde y facilita los teléfonos móviles del responsable de la oficina del delegado y del secretario de la delegación para cualquier aclaración.

Más prudente es el delegado territorial de la Generalitat en Lleida, Ramon Farré, quien explica a los alcaldes que envía la carta para que respondan a la vicepresidencia de la Generalitat: “Si así lo decidís de manera libre y voluntaria”, señala. En el mismo tono menos conminatorio, el delegado de la Generalitat en la Cataluña Central, Juli Gendrau, pide a los alcaldes que rellenen el formulario y lo retornen: “En el caso de que consideréis vuestra participación”, dice. La inmensa mayoría de los alcaldes han tomado la decisión de participar en la consulta a pesar de que la Delegación del Gobierno en Cataluña sigue de cerca todos sus movimientos.

Mientras tanto, los partidos favorables a la consulta ya preparan la campaña electoral, que oficialmente ha tomado el nombre de “proceso deliberativo”. Comenzará el 30 de octubre y acabará el 8 de noviembre, víspera de la votación. Convergència Democràtica decidió ayer que Artur Mas participe solo en los actos para fomentar la participación y no para defender el sí a la independencia. Lo hacen, aseguran, para “preservar” la figura del presidente de la Generalitat. ERC, en cambio, admitió que enfocará la campaña de la consulta como una “primera vuelta” de las autonómicas.

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