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El consejo de  Garantías catalán valida su “ley de consultas”

El consejo de  Garantías catalán valida su “ley de consultas”
El Consejo de Garantías valida la ley catalana de consultas con 4 votos en contra
El Consejo de Garantías valida la ley catalana de consultas con 4 votos en contra

El órgano consultivo da su visto bueno a la integridad de la norma pero cuatro de sus nueve integrantes presentan votos particulares con discrepancias al aval

El Parlamento catalán ha rechazado las dos enmiendas a la totalidad de PP y Ciutadans a la proposición de Ley de Consultas no refrendatarias

El Consejo de Garantias Estatutarias ha validado de forma íntegra pero sin unanimidad la ley de Consultas que el Parlamento tiene previsto aprobar en septiembre. El dictamen se ha hecho público este viernes y detalla el aval de la norma respecto de su constitucionalidad y adecuación al Estatut. La decisión, sin embargo, no se ha tomado por unanimidad, y cuatro de los nueve miembros del Consell han querido presentar su voto particular con discrepancias al aval.

El Consejo de Garantías, órgano consultivo del ejecutivo autonómico, entiende que la proposición de ley es constitucional tras analizar una serie de aspectos como el objeto de la consulta, el registro de participación de votantes, el decreto de la convocatoria, la definición y composición de las comisiones de seguimiento o la votación anticipada.

El Consejo, en cambio, no se pronuncia, tal y como solicitó el PPC, sobre la doble pregunta de la consulta del 9N, que incluye la independencia como opción, al entender que su naturaleza es la de un acuerdo de índole política, «con todo el impacto político y ciudadano que se le quiera atribuir», pero que, a efectos de su labor consultiva, «está falto de consecuencias jurídicas».

Este órgano considera que la articulación de determinados procedimientos orientados a obtener la opinión de la ciudadanía «no colisiona» ni es incompatible con el fundamento último de la soberanía reconocido en la Constitución, sino que, al contrario, «puede contribuir a reforzar destacados valores constitucionales, más allá del necesario cumplimiento de la ley».

El Consejo de Garantías Estatutarias estima asimismo que la proposición de ley analizada no vulnera la autonomía local municipal y asegura que el sistema constitucional español no prohíbe en ningún caso que la Generalitat pueda consultar a la ciudadanía sobre cuestiones que son de su interés «si lo hace amparada en una competencia propia».

Este órgano advierte además que estamos ante un instrumento de participación que no tiene naturaleza electoral, por lo que no existe ningún obstáculo para que participen en él personas menores de 18 años.

Este dictamen ha sido aprobado por mayoría, pero con los votos particulares del vicepresidente Pere Jover y de los consejeros Eliseo Aja, Marc Carrillo y Carles Jaume Fernández, que consideran la norma contraria a la Constitución.

Por contra, han apoyado íntegramente el texto el presidente del Consejo de Garantías Estatutarias, Joan Egea, y los consejeros Jaume Vernet, Àlex Bas, Francesc de Paula Caminal y Joan Ridao.

El pasado 16 de julio, la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament aprobó el dictamen de la ley de consultas, paso previo a su aprobación en el pleno.

El dictamen fue aprobado por 17 votos a favor (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP) y 4 en contra (PPC y Ciutadans), mientras que se rechazaron las enmiendas del PPC, Ciutadans, PSC e ICV-EUiA.

Tras este trámite y la validación del Consejo de Garantías Estatutarias, la ley se someterá ahora a su aprobación definitiva en el pleno del Parlament del próximo mes de septiembre.

Homs lo ve contundente

El consejero de la Presidencia y portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, ha asegurado hoy que el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias avala de «manera contundente y sólida» que la ley catalana de consultas es «plenamente constitucional» y da «sólidos argumentos» para convocar la consulta.

En una rueda de prensa en la Generalitat, Homs ha señalado que el dictamen ofrece así «sólidos argumentos jurídicos» para que una vez aprobada la ley de consultas se pueda proceder a convocarla.

«La consulta se convocará porque los argumentos jurídicos avalan que se pueda votar de manera legal», ha aseverado, y ha pedido al Gobierno que «no ponga trabas».

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