Denuncia que patronal y sindicatos falsearon facturas de cursos de formación en Extremadura
Una auditoría externa detecta irregularidades en 2011 por más 3 millones de euros.
La Junta los denuncia ante la Fiscalía por facturas no justificadas y sobredimensionadas
El Gobierno de Extremadura ha denunciado un «presunto fraude a gran escala» con los cursos de formación de ocupados por parte de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), CC.OO., UGT y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), y que «podría alcanzar, solo en la convocatoria de 2011, más de 3 millones de euros».
Profesores cobrando supuestamente 820 euros por hora. Facturas emitidas por 849.359 euros donde sólo se indica en el concepto Cursos de formación, sin desglose ni justificación ninguna. Subcontratación a una empresa de la que el mismo empresario es el administrador y en la que, además, se contrata a sí mismo y a su hermano como profesores. De una factura presentada por valor de 69.000 euros su coste real, el que se puede acreditar, es de 9.600 euros, con un beneficio, por tanto, del 800%.
Son sólo algunos de los ejemplos de la presunta corrupción generalizada en Extremadura del sistema los cursos de formación para ocupados -que no para parados, como en Andalucía- y que ha puesto en manos de la Fiscalía Anticorrupción el Ejecutivo de José Antonio Monago.
Los datos sobre este caso han sido puestos en manos de la Fiscalía Anticorrupción este martes, según ha anunciado este miércoles la consejera de Empleo, Mujer, y Políticas Sociales del Gobierno extremeño, María Angeles Muñoz.
En una rueda de prensa, Muñoz ha explicado que una auditoría al 10% de los cursos realizada por una empresa externa ha hallado «indicios suficientes» de que en Extremadura «se creó y alimentó un sistema irregular de la gestión de la formación a ocupados».
Las «irregularidades», ha explicado la consejera, «están en que los gastos facturados son superiores al coste real», por lo tanto «existen sobrefacturaciones» ya que «los costes reales en los que pretendidamente se han incurrido superan con creces el valor de mercado». Ha calculado que «la diferencia entre el coste real y el coste facturado» sería de un 47 por ciento más.
Según ha señalado, de los 3,1 millones de euros de subvención que la Creex recibió en 2011 para estos cursos, existen «indicios de fraude de en torno a 1,5 millones», es decir, el 50 por ciento de la subvención, mientras que en el caso de UGT y CCOO, recibieron cada uno una subvención de 1,8 millones, y el «fraude» estaría en ambos casos «entre los 600.000 y los 650.000 euros», un 30 por ciento.
En el caso de Cepes, la subvención en 2011 fue de 700.000 euros, de los que «los indicios de fraude rondan los 300.000 euros, más del 40 por ciento de la subvención».
La consejera de Empleo ha destacado que este caso es «distinto» al de los ERE de Andalucía, ya que «no se refiere a formación de desempleados, sino que a formación de ocupados«, ya que en lo que se refiere a formación de parados «el control es absolutamente riguroso«.
Examen de los expedientes de años anteriores
Ahora, después de presentar esta documentación en la Fiscalía Anticorrupción, «corresponderá a la Justicia determinar las consecuencias penales para estas entidades y para sus responsables».
Aunque el Gobierno de Extremadura ya ha avanzado que va a reclamar a estas entidades que «se devuelvan la cantidad defraudada al pueblo extremeño», ya que se trata de «fondos públicos».
Además, María Angeles Muñoz ha avanzado que va a pedir a la Intervención General de la Junta de Extremadura que examine todos los expedientes de los años anteriores, «en los que podrían darse actuaciones similares y no hubieran prescrito», con el objetivo de «comprobar si ha tenido lugar el mismo presunto fraude».
Finalmente, la consejera ha asegurado que, después de esa convocatoria de 2011, el Gobierno del PP «cambió el sistema de gestión y control de estas subvenciones».
