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El Parlamento celebrará los días 14 y 15 de noviembre el Debate sobre el Estado de la Comunidad Foral
El Pleno del Parlamento de Navarra celebrará entre el próximo jueves y viernes, días 14 y 15 de noviembre, el Debate de política general sobre el Estado de la Comunidad Foral.
Los grupos de la oposición (UPN, PPN, Vox) dedicarán su intervención a impugnar y/o matizar las claves y prioridades de la acción de un Gobierno que espera poder celebrar también la modificación de la Lorafna que transfiere a Navarra la competencia en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial”.
Según las normas aprobadas hoy por la Mesa y Junta de Portavoces, el debate se abrirá el jueves día 14 a las 09:30 con la exposición de la Presidenta del Gobierno, a cuya conclusión la sesión se suspenderá media hora.
Tras la reanudación, intervendrán los y las portavoces de los Grupos y Agrupaciones de Parlamentarios por un tiempo máximo de 30 minutos y en orden de mayor a menor, primero los partidos de la oposición, UPN, EH Bildu, PPN y Vox, y luego las siglas que apoyan al Gobierno, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.
Finalizadas las intervenciones, la Presidenta del Gobierno contestará a las mismas, bien tras cada intervención, bien al finalizar todas ellas. Seguidamente se abrirá un turno de réplica por un tiempo máximo de 10 minutos, que concluirá con una nueva intervención de la Presidenta del Ejecutivo, María Chivite.
Terminado el debate, se abrirá un plazo de 15 minutos para la presentación ante la Mesa de propuestas de resolución, hasta cinco por parte de los Grupos y Agrupaciones de Parlamentarios.
El Debate sobre el Estado de la Comunidad continuará el viernes día 15, a partir de las 09:30, con el debate de las propuestas admitidas por la Mesa. El orden del debate de las propuestas de resolución será idéntico al de las intervenciones, es decir, de mayor a menor, primero el bloque de la oposición y después el de las formaciones que sustentan al Gobierno.
Cada formación Parlamentaria defenderá sus propuestas de forma conjunta, durante un plazo máximo de 10 minutos. Luego se abrirá un turno de intervenciones a favor o en contra y otro de réplica (ambos de 5 minutos), en el que los Grupos y Agrupaciones guardarán el mismo orden que en el debate.
Terminado el debate, las propuestas de resolución de cada Grupo se votarán separadamente.
El artículo 226.1 del Reglamento del Parlamento de Navarra establece que al inicio de cada primer período de sesiones del año legislativo, con excepción de aquéllos en los que se haya realizado el debate de investidura del Presidente/Presidenta del Gobierno o se celebren elecciones en Navarra, el Pleno se reunirá de forma extraordinaria para realizar un debate de política general sobre el estado de la Comunidad.
El precepto añade que antes de la convocatoria del debate, dentro de los primeros 15 días hábiles de septiembre, el Gobierno de Navarra podrá remitir al Parlamento una comunicación al respecto.
La comunicación remitida señala que la Presidenta del Ejecutivo dedicará su exposición inicial a repasar la acción del Gobierno durante el primer año de una legislatura que, más allá de las “disrupciones y afecciones derivadas del escenario mundial, todavía mediatizado por la pandemia y la guerra de Ucrania”, sitúa a la economía navarra en un “contexto de crecimiento, con bajas tasas de desempleo y deuda y una amplia cobertura social”.
A futuro y pese a ser la CCAA “con mayor calidad de vida”, María Chivite expondrá su voluntad de “seguir dando pasos para combatir la desigualdad y las brechas sociales, territoriales, salariales y de género que aún hoy persisten, de cara a conseguir que la prosperidad sea estructural”.
A ese respecto y tras avanzar su intención de poner el foco en las políticas públicas de “sanidad, vivienda, industria, digitalización, sostenibilidad o erradicación de la violencia machista y los discursos de odio”, la Presidenta reivindicará la “fortaleza institucional y la legitimidad de la democracia” para, entre otros, combatir el “populismo, la desinformación y la polarización”, al considerar que suponen un “claro riesgo de desafección” ciudadana.