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Los sindicatos navarros exigen a Educación información sobre la OPE de estabilización

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Los sindicatos navarros exigen al Departamento de Educación todos los datos y criterios de identificación utilizados para la OPE y puestos de trabajo con reserva de plaza

LAB, STEILAS, AFAPNA, ANPE, CCOO, ELA y UGT, han exigido hoy en la Mesa Sectorial de Educación del Gobierno de Navarra los «datos concretos y los criterios utilizados en la identificación de las plazas que saldrán a oferta». También exigen «la relación de puestos de trabajo con reserva de plaza que no pueden añadirse a la oferta de plazas de estabilización».

Para ello han presentado una «instancia firmada» ya que en «reiteradas ocasiones» -denuncian- han sido solicitados y no la han obtenido.

Piden, además, que la «administración sea transparente y atienda esta demanda de la representación legal del profesorado».

Es «inadmisible»

«Es inadmisible que se decrete en contra del 50% de la plantilla del personal empleado público al servicio de las administraciones y tampoco respeta la voluntad manifiesta en las sentencias del Tribunal de Justicia de Europa», ha afirmado el sindicato AFAPNA.

Además, no entiende «cómo el Gobierno de Navarra quiere dejar sin turno de promoción a su personal funcionario, dando pie, una vez más, a la inseguridad jurídica». Critica «la dejadez de una Administración que no atiende a sus profesionales como se merecen» y «vulnera el principio constitucional de promoción».

Asimismo, ha añadido, «este borrador del Decreto Ley Foral no consigue el objetivo de reducción de la temporalidad al 8%», según el informe de la Cámara de Comptos de Navarra. «Donde se aclara que de los cerca de 17.000 profesionales temporales, con estos procesos sólo se van a estabilizar 3.000«.

«Es una utopía, un castillo de naipes,  un “trágala” para el personal de las administraciones públicas, es insuficiente y, por tanto, los grupos parlamentarios no deberían apoyarlo«, ha instado.

«Hay que garantizar y salvaguardar los derechos  del personal empleado público y no vulnerar condiciones constitucionales, como es el principio de igualdad», ha concluido.

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