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La nueva ley foral de infancia contará con niños y adolescentes para su elaboración

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La nueva ley foral de infancia contará con niños menores y adolescentes para su elaboración

El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha un proceso de consulta previa para recoger sugerencias y aportaciones que se incorporen a la futura ley foral de atención y protección a la infancia y adolescencia y promoción de la familia. La participación en la redacción del texto se abre a todos los sectores implicados, incluidos niños, niñas y adolescentes. Se trata de la primera ley foral que contará con la participación de los menores, desde su diseño y durante todo el proceso, incluso se les hará partícipes de los resultados de sus aportaciones a través de una rendición de cuentas presentada de forma creativa.

El Gobierno ha concedido especial importancia a que el proceso de colaboración sea lo más amplio posible, al entender que se trata de una ley que interpela al conjunto de la sociedad. En las previsiones del Ejecutivo, el texto estaría listo en diciembre de 2021 para su remisión al Parlamento para su debate y aprobación.

Así, además de la opinión de los y las menores, se quiere recabar las aportaciones de familias, personas expertas, entidades, sindicatos y distintas instancias de la administración pública, entidades que protegen y atienden menores, administraciones locales, representación de personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, Fundación Gizain (que gestiona los servicios de protección de menores). Para ello se cuenta con el apoyo del Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía, del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, que gestiona el espacio habilitado en el Portal de Gobierno Abierto, donde se pueden presentar ideas y sugerencias hasta el 1 de marzo.

De manera paralela, se ha tejido una especial colaboración con los departamentos del Gobierno de Navarra con competencias directas en materias relacionadas con este sector de la población: Derechos Sociales, Educación y Salud. También se va a recabar la contribución del Instituto Navarro de Igualdad (INAI), de la Hacienda Foral y de las direcciones generales de Políticas Migratorias, de Justicia, de Universidad y de Vivienda.

Espacio de participación y voz de niños, niñas y adolescentes en una ley que les afecta

Para facilitar la participación efectiva de los y las menores se establecerán entornos de confianza y respeto y se garantizará que su opinión sea recogida fielmente, no a través de la interpretación que se realice desde la perspectiva de las personas adultas. También se garantizará su confidencialidad si así fuese necesario.

Este proceso comenzó con la constitución del Consejo del Menor, el pasado diciembre. Además, hasta este momento se han organizado 22 grupos con menores:  9 trabajarán en el ámbito educativo en horario escolar en su propio centro, 3 con entidades sociales como los consejos locales del menor, y otros 10 con menores que forman parte del sistema de protección.

En paralelo, se han configurado 16 grupos con las familias: 7 son de APYMAS del ámbito educativo en los centros, 2 con familias que participen en entidades sociales y 7 de familiares de los menores que forman parte del sistema de protección.

Asimismo, se va a preparar una encuesta para que sea cumplimentada (de forma anónima) por personal de las entidades que gestionan los servicios del sistema de protección, así como por el personal técnico que trabaja dentro del Departamento de Derechos Sociales en temas relacionados con menores o sus familias. Las reuniones de estos grupos ya han comenzado esta misma semana.

El proceso de participación se completa con dos grupos de trabajo internos y cuatro externos, donde están representadas instancias públicas y privadas relacionadas con la infancia.

Una ley actualizada que responda a los intereses de los y las menores

La norma vigente, aprobada hace 15 años, requiere una actualización acorde con un nuevo diagnóstico sobre el interés y protección de los y las menores y adolescentes.

El nuevo texto incorporará las novedades en la normativa  que la vigente no recoge como convenios internacionales y europeos, las novedades de  la modificación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica Menor,  así como las líneas estratégicas contenidas en el vigente II Plan integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia 2017-2023.

El nuevo texto contendrá novedades como la garantía de permanencia de los y las menores en su núcleo familiar siempre que no perjudique sus intereses o la potenciación de medidas para incrementar el acogimiento familiar sobre los residenciales y la adopción.

La norma hará hincapié en cuatro hitos: la defensa de sus derechos, incluido el de expresión y el derecho a ser escuchado; los principios de la relación entre las personas adultas y las menores de edad; el sistema de protección específico cuando sus derechos no estén garantizados en el seno de sus familias y la ejecución de medidas judiciales  en caso de responsabilidad penal de menores; y las reglas específicas para las administraciones públicas en sus relaciones con menores de edad.  En este último punto se tratarán las actuaciones de prevención, la distribución de competencias, el régimen de los centros de menores o el régimen sancionador. Este punto de partida está abierto a las aportaciones recogidas en el proceso de participación.

Por otra parte, adaptará la norma para que incorpore el modelo de atención centrada en las personas, de manera que se mejorará el sistema de protección y reforma y la organización administrativa, con especial énfasis en la prevención y en el trabajo en red.

En la presentación del proceso antes los medios informativos, la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha indicado que “en los últimos 15 años los cambios han sido diversos, desde el concepto de familia hasta los modelos de atención a las niñas, niños y adolescentes.  Existe también una mayor conciencia sobre el papel de los y las menores en nuestra sociedad, y un mayor reconocimiento, no sólo de los derechos inherentes a toda persona, también de aquellos derivados de la especial protección que necesitan por su propia dependencia de otras personas”, ha subrayado Maeztu. “Por ello, en los últimos años se ha duplicado la inversión pública en infancia y familia, especialmente estos dos primeros años de legislatura”, ha concluido.

La futura ley ahondará en la responsabilidad de la sociedad en general y de los padres, madres, y responsables legales, para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, su adecuado desarrollo, su dignidad y bienestar.

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