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EDITORIAL: Penas impuestas

La justicia sigue actuando contra la barbarie etarra.

Eso está muy bien. 59 años de condena para el etarra Guridi Lasa por el atentado frustrado en Citruénigo (Navarra) en el año 2000, sí, pero surge la duda, ¿De verdad que los va a cumplir?

Porque si fuera así, estaríamos ante una verdadera cuasi cadena perpetúa y eso en el sistema penal español, a día de hoy, no existe.

El sistema penal español beneficia a sus presos, les concede beneficios penitenciarios en gran medida y, además, les va reduciendo las penas en función del cumplimiento de una serie de objetivos, de tal forma que, 59 años pueden verse sensiblemente reducidos.

Antes del anuncio de la banda terrorista que ponía fin a sus atentados y asesinatos en octubre de 2011, las cárceles españolas albergaban a algo más de 550 etarras. Ahora, sin embargo, esta cifra se ha reducido considerablemente y ya sólo quedan un total de 187 presos de ETA.

Hasta la resolución del Tribunal Supremo sobre el caso de Henry Parot, los presos etarras  condenados por el Código Penal de 1973, cumplían un máximo de 30 años de condena, aunque estuvieran condenados a cientos de años de cárcel como es el caso de muchos de ellos.

Para delitos de terrorismo, ¿No debería aplicarse la pena impuesta en su totalidad?

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