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Navarra ha puesto en marcha el 88% del Plan de Inclusión Social

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El Plan de Inclusión Social de Navarra ha puesto en marcha el 88% de las actuaciones previstas

Navarra es la comunidad de España con menor riesgo de pobreza y exclusión.

La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha presentado este martes un informe de evaluación del Plan de Inclusión Social de Navarra, que, en 2018 y 2019, ha iniciado o ejecutado el 88,4% de las medidas previstas. La Comunidad Foral vuelve a reducir el riesgo de exclusión de su población y sigue siendo la comunidad con menor tasa de pobreza y exclusión de todo el Estado, con un 11,7%.

Maeztu, que ha estado acompañada en su comparecencia ante los medios de comunicación por los directores generales de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Andrés Carbonero, y del Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales, Luis Campos, ha explicado que del Plan de Inclusión se han implantado o han finalizado 145 de las actuaciones previstas (88,4%); el resto, otras 19 (11,6%) o no se han iniciado (11%) o no se ha recibido ninguna información al respecto (0,6%).

El Plan de Inclusión Social de Navarra se articula en función de siete líneas estratégicas, 31 objetivos generales y 164 actuaciones específicas.

Cabe destacar que, en seis de las siete líneas estratégicas del Plan, el porcentaje de actuaciones puestas en marcha y/o finalizadas es superior al 75%, más concretamente en los ámbitos de Necesidades básicas (100%), Incorporación Social (100%), Empleo (96,8%), Corresponsabilidad social (90 %), Educación (87%) y Vivienda (76,7%). En el área de Salud, el porcentaje de actuaciones en marcha alcanza el 68,4%.

La línea estratégica de Necesidades Básicas y Garantía de Rentas cuenta con tres objetivos y 18 medidas. Entre estos figuran consolidar el modelo de Renta Garantizada, desplegando su potencial de protección social (7 medidas), dotar de coherencia al conjunto de prestaciones del sistema general y propio de garantía de ingresos (7 medidas), y articular la cobertura de necesidades económicas adicionales no corrientes (4 medidas). A 31 de diciembre de 2019, en esta línea estratégica la totalidad de las acciones previstas se habían puesto en marcha; más concretamente: 14 medidas están en ejecución -77,8%-; 3 se han descartado tras analizar su falta de viabilidad – 16,7%- y una se ha dado por finalizada – 5,6%-.

En el ámbito del Empleo, el Plan establece 3 objetivos: Generación de oportunidades de empleo bajo un liderazgo público (6 medidas), favorecer el impulso de un modelo integrado de gestión de las políticas de activación (6 medidas) y adaptar los programas de activación a las personas en situación o riesgo de exclusión social (19 medidas). De las 31 medidas previstas se han activado el 96,8%; en concreto se ha finalizado  la ejecución de 14 de ellas (el 45,2%); 14 están en fase de aplicación, 2 se han descartado y 1 no se ha iniciado.

La línea estratégica de Incorporación Social cuenta con 6 objetivos, 23 medidas y 23 acciones, cuyo 100% de acciones se han puesto en marcha (82,6%) o se han ejecutado (17,4%). Objetivos: Impulsar y potenciar la Atención Primaria, como eje del sistema de Servicios Sociales (6 medidas), unificar procedimientos y metodologías de trabajo en el ámbito de la incorporación socio-laboral (3 medidas), estructurar e integrar el apoyo a la incorporación (4 medidas), adecuar los requisitos a las necesidades de las personas en procesos de incorporación social (1 medida), activar acciones de acción positiva en aquellas minorías en mayor situación de desigualdad (3 medidas) y consolidar un modelo de referencia en la gestión de la diversidad cultural (6 medidas). De 23 medidas, 19 se encuentran en ejecución y 4 se dan por finalizadas.

El área de Vivienda del Plan Estratégico de Inclusión cuenta con 7 objetivos y 30 medidas. Objetivos: mejorar el registro y el tratamiento de la información (2 medidas), aumentar el parque público de vivienda en Navarra, diversificando las fuentes de provisión (5 medidas), aumentar la disponibilidad y eficacia de los dispositivos de intervención socio-residencial en clave de acompañamiento para garantizar el derecho a la inclusión (10 medidas), reconocer el Derecho subjetivo a la vivienda (1 medida), mejorar los entornos residenciales (2 medidas), establecer medidas de mejora de la convivencia y minoración de conflictos vecinales en las zonas de la Comunidad Foral que presentan dificultades en el ámbito socio-residencial (3), y desarrollar y reforzar medidas experimentales para grupos de población en alta exclusión (7). De las 30 medidas previstas, 8 se dan por finalizadas; 15 están en ejecución y 7 no se han iniciado.

En el ámbito de la Salud, el Plan Estratégico de Inclusión establece 3 objetivos clave:  mejorar el estado de salud de las personas en situación/riesgo de exclusión social (6 medidas), superar las barreras de acceso al sistema sanitario (7 medidas), e impulsar el espacio socio-sanitario, mejorando los espacios de intervención, colaboración, coordinación e intercambio de información (6 medidas). De las 19 acciones previstas, 4 ya se han finalizado, 9 se encuentran en ejecución, 5 no se han iniciado y falta información de una de ellas.

Por su parte, el ámbito de la Educación, se marcan 4 objetivos estratégicos y 23 medidas clave: promover una distribución equitativa de los recursos en el sistema educativo (6 medidas), informar y orientar adecuadamente sobre la oferta educativa existente a las familias que va a incorporarse al sistema educativo (2 medidas), implementar acciones para evitar la exclusión y prevenir el abandono del sistema educativo (12 medidas) y potenciar un trabajo en red de carácter interdepartamental para un sistema educativo inclusivo (3 medidas). De las 23 medidas previstas, 5 se han finalizado, 15 están en fase de ejecución y 3 no se han iniciado.

Finalmente, el área de corresponsabilidad social del Plan cuenta con 5 objetivos y 20 medidas: mejorar el conocimiento de la exclusión social y las políticas de inclusión (4 medidas), favorecer la cooperación interadministrativa en el fomento de la participación social de las personas excluidas (8 medidas), mejorar la implicación de los agentes económicos en la inclusión social (3 medidas), el compromiso de las entidades del tercer sector en la lucha contra la exclusión (1 medida) y fomentar la solidaridad en la sociedad navarra (4 medidas). De las 20 medidas, 4 se han completado, 12 están en fase de aplicación, 2 no se han iniciado y 2 han sido descartadas.

Navarra baja su riesgo de pobreza un 13,5%

Cabe destacar que Navarra, en 2019, volvió a ser la CCAA con menor población en riesgo de pobreza y exclusión con un 11,7% de Tasa AROPE (índice empleado por la Unión Europea que mide el nivel de pobreza, carencia material y baja intensidad de trabajo en el hogar de una persona); y la de menor riesgo de pobreza, un 7,7%, disminuyéndose esta en el último año un 13,5%.

En cuanto al empleo, es reseñable un fuerte crecimiento en la inserción en el empleo de personas perceptoras de Renta Garantizada (RG). Así, el informe destaca que “aumenta enormemente el número de unidades perceptoras de la RG a los que se aplican estímulos al empleo e incentivos a lo largo del año, pasando de 1.171 en 2017 a 4.178 en 2019; aumenta igualmente el número de unidades perceptoras de la RG con ingresos propios por trabajo autónomo, de 115 en 2017 a 169 en 2019; se eleva el número de suspensiones de la RG por superar ingresos propios por acceso al empleo pasando de 304 en 2017 a las 509 en 2019; y, por último, en 2019 se han realizado 8.175 diagnósticos de empleabilidad, de los que 4.707 han sido en mujeres y 3.468 en hombres”.

“El Plan de Inclusión Social está siendo un instrumento clave para reducir la pobreza y la desigualdad en Navarra y facilitar la inserción laboral y la inclusión social a toda la población Navarra. Vamos a buen ritmo en su cumplimiento pero debemos redoblar esfuerzos porque la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto social y en el empleo muy importante. En ese sentido, tanto las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España como el de Navarra, van y deben ir encaminadas a reforzar la protección social y estimular la generación de empleo de calidad, además de mejorar el resto de políticas claves para la inclusión social como son las sanitarias, educativas o de vivienda. Estos van a ser las prioridades en el desarrollo y adaptación del Plan a la nueva realidad”, ha destacado la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu.

Respecto a las valoraciones de los diferentes sectores implicados en el Plan, el informe destaca que las respuestas recibidas muestran que los y las profesionales implicados consideran que la adecuación de las actuaciones con relación a los objetivos y necesidades detectadas de 7 sobre 10; sin embargo, se sugiere que “algunas medidas no han tenido un desarrollo suficiente y otras probablemente se deberían reformular para adaptarse a los cambios de escenario”. La satisfacción de las personas consultadas sobre su participación en el desarrollo del Plan también es de 6,5 sobre 10, aunque se apunta a “la necesidad de sostener esta implicación más allá de la fase inicial de planificación”.

Con relación a la perspectiva de género, las entidades informantes consideran que, en general, tanto en la planificación como en el desarrollo de las medidas del Plan se ha tenido en cuenta la perspectiva de género y se han diseñado medidas concretas de acción positiva.

Recomendaciones de gestión del Plan y adaptación al COVID-19

De cara a la segunda fase de implementación del Plan de Inclusión, se establecen como recomendaciones consolidar un sistema de información que permita evaluar el desarrollo del Plan, activar las Comisiones y Grupos de participación y seguimiento, fomentar el conocimiento e implicación en el Plan, mejorar la coordinación interdepartamental, designar profesionales de referencia, reducir el trabajo burocrático en los servicios sociales de base o mejorar los recursos en el medio rural.

Asimismo, sobre la previsión de que aumente el número de población en riesgo de exclusión por la crisis del COVID-19, se transmite un cierto temor a que el despliegue del Plan se ralentice. Por ello, las personas consultadas recomiendan blindar el Plan de Inclusión en su conjunto, reforzar los servicios sociales de base, promover la normalización del uso de los servicios sociales, fomentar las capacidades técnicas de los equipos profesionales y establecer las medidas necesarias para prevenir el aumento de la brecha digital entre las personas usuarias, entre otras.

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