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El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha evitado pronunciarse sobre la propuesta de obligar a usar mascarillas cada vez que se salga a la calle, si bien ha pedido que se piense con «mucho cuidado» esta medida porque puede generar «problemas» en muchas personas.
Durante la rueda de prensa diaria rueda de prensa diaria del Comité Técnico del Coronavirus, Simón ha calificado de «razonable» que en la actualidad se obligue a utilizar las mascarillas en los transportes públicos, o que se recomiende usarlas al salir a la calle, si bien ha insistido que la aprobación de una medida que obligue a ponérselas es «muy difícil».
Y es que, tal y como ha señalado, hay colectivos, como por ejemplo las personas que sufren ataques de ansiedad, los niños o los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), a los que les puede suponer un problema si se les obliga a utilizarlas durante tiempos prolongados.
«Ahora quizás tenemos que sobreactuar un poco para prevenir riesgos, y eso algo aceptable siempre. No obstante, el uso de las mascarillas no lo puede hacer todo el mundo de la misma forma, por lo que hay que pensar su obligatoriedad con mucho cuidado porque puede generar problemas importantes», ha apostillado.
Por su parte, el presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado, comparece en rueda de prensa telemática desde Génova, ha pedido que el uso de la mascarilla sea obligatoria y ha acusado al Gobierno de estar realizando una desescalada «caótica y partidista». Casado comparece desde Génova donde pide que el uso de la mascarilla sea obligatoria al salir a la calle.
A medida que el 51% del territorio nacional avanza en la fase 1 de la «desescalada» hacia una «nueva normalidad», comienzan a pedirse responsabilidades penales en la gestión del Gobierno de Sánchez e Iglesias en la crisis del coronavirus. Más de 3.000 familiares de fallecidos por la infección han presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra el presidente Pedro Sánchez y su Gobierno por un presunto delito de imprudencia grave en la extensión de la pandemia.
Por su parte, El Defensor de El Paciente ha interpuesto ante la Fiscalía General del Estado y el Supremo una denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz de Ayuso, por presuntos homicidios imprudentes de ancianos.
No se qué problema ven algunos en que sea obligatorio llevar mascarillas en las calles y espacios públicos. Con está medida, fácil, el lavado de manos y no tocarse la cara avanzaremos mucho en el descenso de contagios y en volver cuanto antes a la «antigua» normalidad o a la normalidad a secas. O qué quieren algunos? Que sigamos con el estado de alarma sine die?