David Muñoz Lagarejos
En una economía se pueden producir dos tipos de shock (esto es, impactos que alteran el comportamiento de dicha economía): de oferta y de demanda. Un shock de oferta tiene lugar cuando se producen cambios en las variables que componen la oferta agregada (OA) de la economía: mercado de trabajo, productividad, producción, etc. Por otro lado, un shock de demanda se produce por alteraciones en los componentes de la demanda agregada (DA): consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas (diferencia entre exportaciones e importaciones).
En las últimas semanas estamos inmersos en un caos relacionado con el coronavirus (Covid-19) que está sacudiendo el mundo entero, tanto económica como políticamente.
El coronavirus es, ante todo, un shock de oferta. Dependerá de su prolongación en el tiempo y sus efectos sobre la economía financiera (el mercado bursátil ya lleva semanas de pérdidas) y sobre la economía real para que hablemos de “crisis económica”. Pero que nadie se engañe, el virus solo es un cisne negro. Si se desatara una crisis económica a escala mundial, la culpa no es del coronavirus, sino de gobiernos y bancos centrales que no han hecho sus deberes.
¿Por qué estamos ante un shock de oferta? Principalmente porque se deja de producir y se producen, por tanto, interrupciones en las cadenas de suministro y de pagos del comercio mundial. China ha estado varias semanas con fábricas cerradas y sectores productivos paralizados por completo. No es por casualidad que durante el último mes se haya alcanzado un récord negativo, tanto en el índice de producción (PMI) manufacturero como no manufacturero del gigante asiático, por debajo del nivel alcanzado durante la crisis de 2008.
Este shock de oferta originado en China se traslada al resto del mundo al ir tomando, poco a poco, medidas de contención del virus (se produce una reducción de la producción mundial).
Gráfico 1. PMI (manufacturero y no manufacturero) de China (2005-2020)
Todo esto se traslada, lógicamente, a la demanda. Si no se produce (o se reduce dicha producción) y se altera negativamente el comercio mundial o regional, no se consumirá del mismo modo que antes del shock. Con la inversión pasa más o menos lo mismo en esta circunstancia.
Pero no hay que olvidar que el origen es un shock de oferta. Esto es clave a la hora de proponer soluciones. En política económica hay dos tipos de políticas que se pueden llevar a cabo: de oferta y de demanda. Las políticas de oferta tratan de solucionar los shock y crisis económicas desde la esfera de la oferta, sobre todo a través de reducción de impuestos y flexibilidad en las regulaciones; en definitiva, mayores facilidades a trabajadores y empresas. Por su lado, las políticas de demanda se dividen en políticas monetarias y fiscales, a través de los conocidos como “estímulos expansivos”: los estímulos monetarios se traducen en una expansión crediticia a través, sobre todo, de una reducción de los tipos de interés o un aumento de la oferta monetaria; mientras que los estímulos fiscales consisten en un aumento del gasto público o una reducción de los impuestos (disminuye la carga fiscal y, por tanto, hay más renta disponible).
Si estamos ante un shock de oferta, necesitamos políticas de oferta. ¿Esto quiere decir que no se pueden utilizar políticas de demanda? Ni mucho menos, pero el grueso debe estar compuesto por políticas de oferta para evitar quiebras de empresas, sobre todo pymes, garantizar cadenas de pagos, etc. Medidas que proporcionen liquidez tanto a familias como empresas: aplazar el cobro de todos los impuestos, bonificar fiscalmente el aplazamiento voluntario de los cobros, etc. También serán necesarias medidas que proporcionen solvencia (si el shock se prolonga al medio y largo plazo): la reducción de impuestos (sobre todo aquellos que gravan renta y consumo) y la exención de tributos que afecten menos a la recaudación, la reducción y/o exención de la cuota de autonómos, prestaciones de desempleo a trabajadores afectados por ERTE, etc. Otras medidas necesarias son la reducción de regulaciones y costes asociados a éstas. En estos momentos lo primordial es mantener el máximo tejido empresarial posible y que el shock de oferta no se traslade bruscamente a la demanda.
Los principales bancos centrales se han ido pronunciando estos días en la misma dirección de su actuación durante los últimos años: estímulos monetarios, reducción de los tipos de interés (negativos incluso) e inundar de liquidez a la banca. Políticas monetarias expansivas que, a veces, no llegan a familias y empresas. No olviden que las expectativas de los agentes económicos no tienen por qué coincidir con las expectativas de los bancos centrales, a pesar de la arrogancia de éstos. Dichas medidas expansivas sirvieron, en parte (remarco, en parte, ya que hay un importante déficit de reformas estructurales y una actuación de huida hacia adelante) para resolver problemas derivados de la última crisis financiera, cuyo origen sí fue un shock de demanda unido a una larga recesión económica, pero no servirán demasiado ante el shock de oferta que representa el coronavirus.
Y no servirán de nada porque estimular artificialmente la demanda no tiene efectos en un contexto como el actual donde no hay producción en muchos sectores económicos y en otros se reduce. Y porque si haces lo mismo de siempre tendrás los resultados de siempre. Los bancos centrales han inflado sus balances durante los últimos años (en el gráfico 2 se puede observar el balance del BCE desde la creación de éste; una tendencia alcista muy evidente).
Hay quien incluso habla de falta de estímulos y que se debe inyectar dinero directamente a la economía real. ¿Falta de estímulos? Los tipos a cero, en mínimos históricos (incluso negativos), los bancos centrales aumentando sus balances e inyectando liquidez continuamente. Debe ser que para ellos nunca es suficiente.
Gráfico 2. Balance Banco Central Europeo (1999-2019)
Lo dicho, ante un shock de oferta los estímulos de demanda no sirven mucho. Si no se produce no se puede consumir de la misma forma que antes del shock; por mucho dinero barato que se ofrezca no se va a consumir o invertir más en un contexto de incertidumbre y parálisis de la producción. Los tipos de interés ya son muy bajos. Pensar que las empresas van a invertir más si los tipos bajan todavía más no tiene mucho sentido (además del perjuicio de la zombificación de la economía). Y la demanda de crédito no aumenta ante una epidemia y un shock de oferta porque se bajen los tipos. No estamos ante una caída del consumo por falta de recursos, sino por una contracción de la producción.
Respecto a las políticas fiscales expansivas hay que decir que España tiene poco margen. El coronavirus pone de manifiesto que en cualquier momento una economía puede sufrir un shock inesperado que haga más necesaria que nunca una previa estabilidad presupuestaria. Sin ésta te quedas sin un colchón muy valioso. España lleva años con un crecimiento robusto, pero sin alcanzar dicha estabilidad presupuestaria (somos muy amigos del déficit público, nuestros políticos siempre quieren gastar más, aunque recauden menos).
Planes de estímulo fiscal, aumentar la inversión pública y cebar el gasto público en pleno shock no tiene demasiado sentido. Al igual que en el terreno monetario, parece que algunos nunca se dan por satisfechos y su único plan es gastar, aunque sea en partidas innecesarias, para estimular. Antieconomía en estado puro.
Se debe remarcar que las economías en general (y la UE y la eurozona en particular) tienen herramientas de emergencia (tanto fiscales como monetarias) pero éstas son utilizadas constantemente por políticos y bancos centrales que hacen de los estímulos su única vía de actuación, por lo que cuando estas herramientas se necesitan de verdad (como puede ser la situación actual) no hay apenas margen de actuación y no se obtiene la eficacia esperada.
Como ejemplo de estas herramientas tenemos el desvío del objetivo de déficit y deuda, amparado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) ante situaciones de emergencia; las operaciones de refinanciación a largo plazo, más conocidos como LTRO por sus siglas en inglés (Long-Term Refinancing Operation); o incluso los tipos de interés negativos. Explicado con una metáfora: si gastas el agua en remojar la casa cuando no hay incendios, te quedarás sin agua y cuando haya un incendio no tendrás el instrumento necesario para sofocarlo. Pues tenemos una clase política y unos bancos centrales que quieren darle a la manguera todo el rato y cuando no queda agua, echar la culpa a otros.
Por tanto, el margen de actuación de las políticas públicas resulta muy reducido en una situación como la actual: ni las políticas fiscales ni las monetarias desplegarán los efectos que habitualmente se esperan de ellas: que impulsen la actividad incentivando un mayor gasto. Estimular el gasto podría contrarrestar algo del shock interno de demanda; pero, como he dicho, no conseguiría en ningún caso compensar el shock de oferta, pues el problema no es que no se gaste, sino que no se puede producir, por lo que más gasto no restablecerá la actividad.
En conclusión, el coronavirus representa un shock en origen de oferta (que se traslada en parte a la demanda). Las políticas económicas que se deben llevar a cabo son, por tanto, un mix de oferta y demanda. Las familias y empresas necesitan liquidez y ésta debería venir, sobre todo, de reducciones y exenciones tributarias, como he dicho antes, aunque también del gasto social que representan las prestaciones por desempleo y ayudas temporales a los sectores económicos más perjudicados que pudiera activar el Gobierno.
Pero ni mucho menos necesitamos aumentar sobremanera e inflar el gasto público ni expansiones monetarias y crediticias para incentivar el consumo y la inversión, pues no causarían efecto. Necesitamos eficacia en las políticas que se lleven a cabo. Los recursos económicos no son infinitos y como he explicado en los párrafos anteriores, apenas tenemos margen de actuación, por lo que cada movimiento en la política económica es, si cabe, más crucial que en la última crisis financiera.
David Muñoz Lagarejos, Graduado en Ciencia Política y Gestión Pública por la Universidad Rey Juan Carlos
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