Isabel Celáa, Mª jesús Montero e Irene Montero. Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
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El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprueba el proyecto de la nueva ley de Educación que derogará la Lomce y que se tramitará en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas
El Gobierno de Sánchez ha aprobado una ley de Educación que devalua la asignatura de religión e ignora al 25% del alumnado que estudia en la escuela concertada en España. «Sólo desde un sistema público fuerte se puede garantizar la equidad y la igualdad», ha expresado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.
La llamada Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), más conocida como ley Celaá, derogará la Lomce de 2013, y se convertirá en la octava ley educativa de los últimos 40 años.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, no ha hecho ningún cambio en el documento que ya pasó por el Consejo de Ministros en febrero de 2019 y no se someterá al dictamen del Consejo de Estado. La Lomloe se tramitará en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas.
El texto no pasó entonces ni lo hará ahora por el Consejo de Estado, el «supremo órgano consultivo del Gobierno», definido así en la Constitución, con el argumento de que lo que diga el Consejo de Estado «no es preceptivo».
“La ley busca la calidad del sistema para todos, se fundamenta sobre la excelencia, la optimización de resultados para el conjunto de los alumnos y la equidad; nadie puede quedar atrás”, ha dicho Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ministra ha señalado que el alumnado, “sea cual sea el talento con el que entra en el aula”, tendrá que salir con “el mismo valor diferencial” del centro educativo. “No puede haber segregación en el acceso (a los centros) ni en la salida, no se puede discriminar a los alumnos en diferentes itinerarios segregadores, ni socioeconómicos ni de otra naturaleza”, ha manifestado.
De este modo, la nueva ley permitirá a las administraciones educativas establecer proporciones equilibradas de alumnos según su tipología (discapacidad, situación socioeconómica desfavorable, etc), lo que puede suponer un cheque en blanco para que las comunidades modifiquen su normativa sobre admisión de alumnos, restringiendo el derecho de los padres a elegir centro.
La Religión no contará para nota
El nuevo texto devalua la asignatura de Religión que pierde peso en el curriculum educativo. Su oferta ya no será obligatoria en 1º y 2º de Bachillerato, y las calificaciones no computarán para el acceso a la Universidad o la obtención de becas.
Además, los alumnos que no escojan Religión no estarán obligados a matricularse en una materia alternativa (la llamada “asignatura espejo”), que en la Lomce es Ética.
Con la Lomloe, Educación en valores cívicos y éticos pasará a ser obligatoria para todos los alumnos en un curso de Primaria y en otro curso de Secundaria, aún por determinar.
Bachillerato con una asignatura suspensa
El texto también permite la obtención del título de Bachillerato con una asignatura suspensa o la posiblidad de realizarse esta etapa en tres cursos en lugar de los dos como se ha hecho hasta ahora. E
Esto significa que los alumnos pueden pasar de 1º a 2º con más de dos asignaturas suspensas en lugar de repetir. En 2º se cursarían las suspensas más las de este curso. En un hipotético 3º curso se matricularían de las pendientes el curso anterior.
Ataque a la concertada: adiós a la demanda social
Como se ha venido anunciando desde hace tiempo, elimina del artículo 109.2 de la Lomce la alusión a la «demanda social», es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres. Celaá argumentó en su día que ese criterio es un «eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada».
Otro apartado controvertido se refiere a la constitución del consejo escolar de los centros concertados. En él se menciona a un «representante del Ayuntamiento». Escuelas Católicas señaló que, basándose en la nueva redacción del artículo 109.3, que solo alude a garantizar plazas públicas, «el proyecto contraviene los derechos y libertades de padres y titulares, obviando el carácter complementario de la enseñanza concertada en la prestación del servicio público y social de la educación, que reconoció la propia LOE en 2006».
El ministerio que dirige Celaá repite que laescuela concertada –al menos la que enseñanza no diferenciada por sexos- «no tiene nada que temer» con la nueva ley.
Desampara al castellano y devalua el poder de control de la Alta Inspección
El texto deja en manos de los independentistas en Comunidades Autónomas como Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana la misión de garantizar que sus alumnos reciban o no alguna enseñanza en castellano, al que, sin embargo, reconoce como «lengua oficial del Estado».
Se reconoce que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable», pero serán las «Administraciones educativas» correspondientes las encargadas de «garantizar el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios».
El redactado es ambiguo en cuanto a la competencia plena de la Generalidad a la hora de fijar el papel del castellano en la enseñanza , aunque sostiene que el gobierno autonómico debe ser el que controle que se aplican las medidas pertinentes para «garantizar el dominio» de esta lengua en las aulas catalanas.
La nueva ley señala que al finalizar la educación obligatoria, todos los alumnos «deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua oficial correspondiente» y para ello serán las CCAA las que «aplicarán los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo».
Serán los propios colegios los que «adoptarán las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir». Lo que en la práctica supone para la enseñanza en español en las Comunidades Autónomas gobernadas por el independentismo o con una influencia determinante de los nacionalistas.
En definitiva: serán los gobiernos de esas Comunidades -Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana- los que determinen que los alumnos reciban o no enseñanza en castellano. ¿Pero qué pasa si las CCAA y los centros no quieren dar más castellano? No hay ningún mecanismo que lo garantice. Celaá ha asegurado que «no es función de la Alta Inspección entrar de manera ejecutiva en los centros educativos, son las inspecciones de las comunidades autónomas las que entran a salvaguardar las normas».
Es decir, en la práctica, la nueva ley deja en una total desprotección hacia los alumnos que quieran estudiar en español y también para hacer frente al adoctrinamiento a través del material educativo.
La ley abre además la puerta a que en aquellas comunidades en las que existan lenguas no oficiales «que gocen de protección legal» se ofrezcan dentro del sistema educativo, como ocurriría, por ejemplo, con el bable en Asturias.
Ideología pedagógica
La prevención de la violencia machista, las competencias digitales, la autonomía de los centros y la atención personalizada (algo que implica una considerable inversión económica para tener profesores de apoyo que atiendan a los alumnos con dificultades de aprendizaje) está también en el espíritu de la nueva norma.
El texto legal está plagado de referencias a la ideología pedagógica que propugna que es más importante «aprender a aprender» que memorizar conocimientos concretos. Las palabras «diversidad» e «igualdad» están presentes a lo largo de todo el articulado, junto a principios como la orientación de género o la sostenibilidad ambiental.
A pesar de las polémicas por el ‘pin parental‘ la educación sexual se impartirá de forma transversal en todas las áreas de Primaria.
La conclusion de esto es acabar con la concertada de manera que solo quede la privada donde ellos si llevarán a sus hijos. Es decir, quieren restringir los colegios privados a las elites