La anulación de decenas de plazas de profesores por parte de la judicatura aquí en Navarra, por considerarlas discriminatorias al exigir el «euskera», supone un golpe para aquellos que pretenden meter un idioma a la fuerza.
Porque ¿cómo es posible que se convoquen tantas plazas en «euskera» en una tierra, la navarra, cuando no llega a un 7% de la población que lo habla habitualmente y discrimina al resto?
La respuesta es muy sencilla, por las políticas «identitarias» que el nacionalismo vasco pretende imponer.
La judicatura mantiene se basa en la realidad real. Mientras aquellos que pretenden imponer, por la fuerza mediante la presión y la intimidación, sus políticas, continuarán.
Hoy el «euskera» equivale a imposición, adoctrinamiento y política. Por eso nadie lo quiere.