Cuando se habla de regímenes dictatoriales, tipo a los de Venezuela, lo primero que se dice sobre ellos, es que tienen secuestrada la tan cacareada y vitoreada división de poderes y la democracia.
El legislativo por la falta de elecciones libres; el ejecutivo por el gobierno de uno sólo o de los elegidos a dedo aumentando en desmesura el número de cargos y el judicial, porque tanto jueces, abogados como fiscales caminan al son de quien, en esos momentos, manda.
Y esto es lo más parecido a lo que pasando ahora mismo en España. El nombramiento de la anterior ministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado de España, resulta toda una maniobra torticera para controlar a la judicatura. Con el objetivo prioritario de librar del peso de la Ley a los golpistas del llamado «procés» catalán.
Si tenemos en cuenta también, que la señora Delgado, con grabaciones y «escuchas» hechas públicas con el famoso comisario Villarejo y demás, fue acusada de mentir en el Congreso, de utilizar las llamadas «cloacas del Estado» para espiar a toda aquella persona susceptible ser manipulable o llamar a uno de sus compañeros ministros de forma poco edificante, según uno sea más o menos LGTBI, puede entenderse la sinrazón de su nombramiento.
Pero los pocos «escrúpulos» de este gobierno son ya conocidos. Y no pasa nada, es lo temible.