Imagen del incendio de 2016 en la Zona Media. EFE
La intervención de medios humanos y materiales para apagar un incendio forestal supone un gasto cercano a los 10.000 euros, según se ha puesto de manifiesto en la jornada técnica ‘Incendios forestales ante el cambio climático’ celebrada en Pamplona
En ella se han tratado asuntos como la optimización de los recursos públicos, el coste para la población de las zonas quemadas, para el medio ambiente y la influencia del cambio climático en grandes incendios, como los de la Zona Media en 2016 o en Goizueta el pasado febrero, todo lo cual aconseja adoptar medidas para su prevención o para minimizar sus consecuencias, como las contempladas en la Agenda Forestal de Navarra.
Según ha informado el Ejecutivo foral, uno de los ponentes fue Peio Oria, delegado de AEMET en Navarra, quien adelantó algunas de las consecuencias que va a tener el cambio climático, entre las que destaca el aumento de las temperaturas extremas y de la intensidad y frecuencia de las olas de calor con el consiguiente incremento de la sequedad del suelo y de la vegetación, que será más combustible y hará que sea mayor la posibilidad de ignición.
También señaló que las tormentas serán más intensas, pero advirtió de que no reducen el riesgo de incendios como se demostró en el registrado en Tafalla en agosto de 2016, que estuvo precedido por tres días de tormentas en las semanas anteriores, porque la evaporación es muy activa en verano.
Oria añadió que, si no se adoptan medidas preventivas, se producirá un incremento de la superficie forestal quemada, entre otras razones porque el abandono de los espacios rurales y la desaparición de los rebaños que se alimentaban del matorral de los bosques, cuya madera tampoco se aprovecha ya como fuente de energía, hace que aumente el combustible, que además será más inflamable a causa de su sequedad.
Al producirse más incendios crecerá la emisión del dióxido de carbono (CO2), uno de los gases responsables del cambio climático y su calentamiento global, que así se verá retroalimentado.
La meteorología que trae consigo el cambio climático propiciará que sean más frecuentes circunstancias como las que se dieron con ocasión de los dos últimos incendios registrados en Navarra, el de Tafalla de 2016 y el que se produjo en Goizueta el pasado mes de febrero.
El delegado de AEMET expuso que hay dos situaciones que son las potencialmente peligrosas, ambas cuando sopla viento de componente sur, y la primera sobre todo en invierno, y en ocasiones en otoño, que afecta principalmente a la vertiente cantábrica.
La segunda se caracteriza por la existencia de vientos saharianos en los meses veraniegos y sus efectos se dejan notar en la Zona Media de Navarra y la Ribera. Del análisis de los datos históricos se deduce que con los vientos del sur se producen muchos más grandes incendios que cuando soplan vientos de origen sahariano, pero con éstos la superficie quemada es mayor.
En la jornada se aludió a la Agenda Forestal de Navarra 2019-2023, aprobada por el Gobierno foral el pasado 13 de noviembre, que incide en la necesidad de adoptar medidas que prevengan los incendios, según Jorge Iñesta, técnico del dispositivo BRIF/EPRIF del Ministerio de Agricultura-TRAGSA.
Este recordó que la Agenda señala, en el apartado del Programa de prevención proactiva, que los territorios no asumen los efectos del cambio climático hasta que ocurre un fenómeno grave que suele ser un gran incendio que acarree pérdidas ambientales o económicas o incluso ponga en riesgo vidas humanas.
Revela el documento que el coste de la extinción de un incendio forestal puede rondar los 10.000 euros por hectárea cuando intervienen medios aéreos, cifra a la que hay que sumar el importe de las tareas posteriores al incendio, y que “una vez superada la crisis el ciclo se reinicia, volviendo a la misma situación de partida en unos pocos años” de forma que se perpetúa el escenario.
Por ello, la Agenda Forestal plantea la necesidad de invertir en políticas que prevengan la declaración de incendios o que, al menos, limiten sus efectos devastadores mediante acciones como la apertura de cortafuegos, trabajos de selvicultura preventiva cerca de núcleos de población y caminos, o reactivando los usos del territorio. EFE
