Últimas noticias
Lateral derecho Castillo de Javier
Lateral izquierda Castillo de Javier

Acaba el juicio de los ordenadores de Bárcenas: acto criminal o caso político

El juicio por la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas, con el partido y tres empleados acusados, ha quedado este viernes visto para sentencia con conclusiones contrapuestas: las acusaciones populares ven acreditada una conducta criminal y el partido, una causa política

La Fiscalía, por su parte, ha reiterado su petición de absolución al entender que el relato de Bárcenas, que sostuvo que en los ordenadores había información sobre la caja B del PP, ha tenido “numerosas contradicciones” y que, concluida la vista oral, persisten las “dudas” en torno al caso, dudas que deben interpretarse en beneficio del reo.

Según la argumentación de la fiscal Carmen Luciáñez, si el PP borró su propia contabilidad B, no hay delito de daños informáticos, que implica borrar archivos ajenos; y si los archivos hacían referencia a la caja opaca hasta 2006, el delito habría prescrito y la presunta conducta encubridora de los populares no habría obstaculizado la labor de la justicia.

Sin embargo, las acusaciones populares, ejercidas por Izquierda Unida, el Observatori de Drets Humans, y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, han visto “absolutamente acreditada” la “conciencia criminal” del PP y sus empleados al borrar los discos duros e impedir que la justicia accediera a pruebas de posibles delitos fiscales, contables y de cohechos.

El letrado Juan Moreno, en nombre de IU, Justicia y Sociedad y Los Verdes, ha recordado que los hechos se remontan a 2013, cuando la Audiencia Nacional investigaba la presunta caja B del PP y los acusados tenían “pleno conocimiento” de la causa que afectaba a Bárcenas.

Ha atribuido así una “conducta criminal” a las tres personas físicas acusadas junto al partido, la extesorera Carmen Navarro; el responsable de su asesoría jurídica, Alberto Durán; y el jefe del departamento de sistemas informáticos, José Manuel Moreno, y al PP una “omisión criminal”, por no haber hecho nada para evitarlo.

Los tres empleados están acusados de encubrimiento y daños informáticos, delito que también se imputa al PP como persona jurídica.

IU pide para las penas más elevadas para ellos: multa de casi once millones de euros para el partido y cuatro años y medio de prisión para los trabajadores.

Pero la única prueba para pedir esas “desaforadas” penas, según ha subrayado el letrado del PP, Jesús Santos, es la palabra de Bárcenas, que “carece absolutamente de credibilidad” por sus “contradicciones, falsedades y mentiras” y por su “animadversión” al partido desde que éste le prohibió la entrada en la sede de Génova.

Además de la absolución, las defensas han pedido la condena en costas para las acusaciones populares al estimar que han actuado desde el inicio “con temeridad y mala fe” y guiadas por “motivaciones espúreas” e instrumentalizando un proceso penal “para el desgaste político del adversario” con un “verdadero abuso del derecho”.

El abogado ha denunciado las “cicatrices” que el caso ha dejado en los tres empleados del PP, que llevan casi seis años “padeciendo la conducta compulsiva de una persona mentirosa como el señor Barcenas, que ha encontrado refugio en acusaciones populares que han actuado con clara intencionalidad política”.

“Se busca una causa general al PP”, ha ratificado el letrado Enrique Molina, defensor de la extesorera Navarro y convencido de que tanto ella como los otros dos empleados han sido los “cabezas de turco” de una causa que demuestra que “a la gente se le sigue imputando por lo que es, y no por lo que ha hecho”

Las defensas han insistido en que los ordenadores reclamados por Bárcenas eran propiedad del PP y que no se ha demostrado con pruebas qué contuvieran ningún archivo.

Han reiterado que el partido borró los discos duros para cumplir con la Ley de Protección de Datos, con una técnica -de 35 sobreescrituras- reconocida internacionalmente y que el resultado de esa acción ni fue “grave” ni “perjudicó a nadie”.

En la quinta y última jornada de la vista oral, las defensas y la Fiscalía han vuelto a esgrimir además la doctrina Botín para cuestionar la legitimidad de las acusaciones populares para mantener viva la causa, cuando ni el supuesto perjudicado mantuvo su acusación.

El letrado de IU ha recordado que el propio Bárcenas reconoció que no se habría retirado de la causa en 2016 si llega a conocer entonces la operación Kitchen, supuestamente lanzada por Interior en 2013 para espiarle y robarle documentos. EFE

 

Otras noticias publicadas

Responder

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies