Vista del interior de las oficinas de la sede de Zaragoza.
El presunto cabecilla de la trama que estafó 5,5 millones de euros en Aragón a través de la recaudación de fondos para la investigación contra el cáncer infantil tenía un sueldo de 20.000 euros al mes por su cargo de dirección y 5.000 su mujer por labores de administración
Son estos sueldos junto al alto nivel de vida lo que ha «llamado la atención» a los agentes que han participado en la investigación de la denominada «Operación Andes», hecha pública el pasado sábado y de la que este lunes ha dado cuenta el jefe de la Udyco, Alberto Larripa, en una rueda de prensa.
La investigación, que sigue abierta y por la que por el momento han sido detenidas cinco personas, dos de las cuales -un español y un peruano- ingresaron en prisión el pasado viernes, se inició en julio de 2018 a raíz de una denuncia de la Asociación de Padres de Niños Oncológicos (Aspanoa).
La policía comprobó entonces que la entidad a través de la que se captaban los fondos, Linceci, estaba registrada como sociedad sin ánimo de lucro pero, como ha destacado Larripa, era «lo contrario», ya que el dinero se destinaba a mantener el entramado empresarial y el «alto tren de vida» de los implicados y «muy poco» a los fines solidarios anunciados.
El dinero que ganaban se pasaba de unas sociedades a otras, «cinco o seis», ha informado el inspector policial, hasta que llegaba a manos de los responsables de la organización.
Los fondos se captaban a través de un «call-center» y eventos supuestamente solidarios que organizaban para repartir, por ejemplo, juguetes que ni siquiera había comprado la organización, o con la venta de lapiceros.
De los cinco millones y medio de euros recaudados en cuatro años, 300.000 se habían destinado a montar otro centro de llamadas en Perú, donde pensaban establecerse con el mismo sistema que en España y de hecho se publicitaban con la donación de camas a un hospital, a lo que, según el agente, apenas habían destinado 5.000 euros, de acuerdo con el informe facilitado por el centro hospitalario en el desarrollo de la investigación.
Los involucrados mantenían un alto tren de vida y comían fuera de casa todos los días.
En el marco de la operación la policía se ha incautado de un apartamento en una localidad del Mediterráneo, de un chalet en la montaña y de un piso en Zaragoza, además de diez vehículos, entre ellos cuatro de alta gama, uno de ellos sin estrenar.
La policía ha desvinculado de la trama a los trabajadores del «call center» que, según los investigadores, desarrollaban su labor «convencidos» de que el dinero que recaudaban iba destinado a los fines solidarios.
Desde el Cuerpo Nacional de Policía se anima asimismo a quienes se sientan estafados a interponer una denuncia en el juzgado o en la policía, si bien desconocen el número de denuncias que se han podido presentar desde que se ha conocido la operación.
A los detenidos se les imputan sendos delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal. EFE
