La insoportable actuación de la Justicia belga ante la judicatura española tiene que ser objeto de una respuesta rotunda por parte del poder ejecutivo, legislativo y judicial español.
No debe tolerarse que, bajo el amparo de unas pretendidas leyes democráticas, se ataque la actuación judicial contra un intento de rebelión, llamémosle cuasi golpe de estado, contra el estado de una nación.
Es más, el intento de socavar la institución judicial española debería ser penada con una extradición inmediata por parte del gobierno belga de aquellos golpistas que se creen por encima del bien y del mal.
La Unión Europea tanto que presume de la defensa de sus países miembros debería actuar de oficio contra unas leyes de un país miembro que permiten un ataque contra la independencia judicial de otro país miembro.
No vale erigirse como el adalid de la defensa de unos ciudadanos, cuando estos intentan socavar un Estado de Derecho.