El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández. Efe
El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha defendido hoy que las ayudas a trabajadores afectados por ERE investigadas eran el «programa más publicitado» del Gobierno andaluz pese a reconocer que no existía una norma concreta donde consultar los requisitos, al señalar que los conocían los sindicatos.
Fernández se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación en el juicio de la pieza política de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que entre 2001 y 2011 la Junta repartió más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según el juez instructor.
Fernández se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación en el juicio de la pieza política de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que entre 2001 y 2011 la Junta repartió más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según la Fiscalía.
Es, junto al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, el único de los 22 acusados -entre los que se encuentran los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- que ha pasado por prisión y su interrogatorio está siendo de momento el más largo pues lleva tres días respondiendo al fiscal y aún seguirá mañana.
En la sesión de hoy, el fiscal Juan Enrique Egocheaga le ha preguntado insistentemente por cómo un trabajador podía informarse de las ayudas para prejubilación que daba la Dirección General de Trabajo y los requisitos para acceder a ellas.
Fernández se ha limitado a señalar que la «información, publicidad y conocimiento del contenido de las ayudas las tenían quienes debían tenerlo, los sindicatos y comités de empresa» por su papel negociador de los ERE.
Ha defendido que los requisitos se fijaban para cada ERE porque «dos expedientes no son iguales entre sí» y ha asegurado que se trabajaba igual que lo hacía el Gobierno estatal con las ayudas excepcionales concedidas al amparo de la orden del Ministerio de Trabajo de 1995.
El fiscal le ha recordado entonces que esa orden estatal fue publicada en el BOE y le ha preguntado si en Andalucía se publicó en BOJA alguna orden similar para regular las ayudas de los ERE, ante lo que Fernández ha citado que las mismas aparecían en la Ley de Presupuestos y los planes de acción y cuentas anuales de la agencia pública IFA/IDEA (a través de la cual se pagaban las ayuda), todo ello publicado en BOJA.
«No había ninguna norma que especificara los requisitos ni en España ni en Andalucía pero a quienes iba dirigido conocían perfectamente el contenido del programa de ayudas», ha asegurado.
La falta de publicidad de las ayudas es la base de la arbitrariedad que la Fiscalía y las acusaciones populares atribuyen a su reparto, uno de los ejes del caso junto a la ausencia de fiscalización previa de las mismas por no pagarlas directamente la Consejería de Empleo sino a través de una agencia pública (IFA/IDEA) con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación.
El fiscal también ha cuestionado a Fernández si alguien le habló formal o informalmente de esa falta de fiscalización previa a lo que ha respondido que «en aquel tiempo a mí nadie me dio cuenta de cómo se fiscalizaban» las ayudas pero a raíz de la causa ha conocido que «tenían fiscalización permanente» (en alusión al control permanente financiero al que eran sometidas las cuentas de IFA/IDEA, según las acusaciones, menos riguroso por ser a posteriori).
La Intervención de la Junta puso varios reparos al uso «inadecuado» de transferencias de financiación al IFA para pagar ayudas de Empleo y en concreto en un informe sobre la cuentas de IFA de 2003, remitido en 2005, hizo un trabajo adicional revisando una veintena de expedientes de ayudas concluyendo que en su concesión se prescindía del procedimiento legalmente establecido.
El interventor Manuel Gómez (uno de los acusados) declaró que se elevó a Empleo si bien hoy Fernández ha asegurado que no le llegó a él personalmente ni lo leyó aunque su viceconsejero Agustín Barberá sí le comentó su existencia pero «no contenía elementos de preocupación».
El fiscal le ha preguntado qué advertencias tendría que haber contenido ese informe para que se las comunicaran a lo que Fernández ha dicho que al consejero le llega cuando un interventor ve ilegalidad o menoscabo de fondos públicos y ordena paralizar un programa y ha reconocido que «a mí me han parado programas» por considerar el interventor que era ilegal su gestión pero «todo lo demás se reduce a un debate entre técnicos».
También le ha preguntado por un borrador de orden para regular las ayudas en 2004 a propuesta del director de Trabajo Javier Guerrero que finalmente no salió y si a su juicio era necesaria, pero ha asegurado que «yo creo que existía normativa suficiente». EFE
