Los gobiernos de los países desarrollados tienen como norma establecida, o así por lo menos lo dicen cuando hablan de la búsqueda del bien común para sus ciudadanos, la educación para todos o, lo que es lo mismo, el concepto de educación universal.
Choca, por tanto, que la mayoría de los gobiernos, precisamente de estos países desarrollados, aboguen siempre por la defensa de un tipo de enseñanza, la que se llama pública, aquella que se sufraga por los impuestos de todos y cada uno de los ciudadanos y que permite el acceso al mundo de la educación a toda los ciudadanos.
Es el caso del Gobierno de Navarra, que hoy y siempre ha defendido con ahínco a la llamada enseñanza pública, olvidando que otros tipos de enseñanza, concertada, privada, también son sufragadas por los impuestos y por los aportes de las familias, respectivamente.
La imparcialidad, y la no adopción de posturas de defensa de un tipo frente a otro deberían ser el “modus operandi” de todo gobierno. Lamentablemente, esto no sucede así y los gobiernos incumplen su imparcialidad y defienden lo público frente a otras opciones, estableciendo con ello un agravio comparativo, ya que el ciudadano “concertado” o “privado” llega a pagar, en cierto modo, dos veces sus impuestos.
Lo ideal sería la defensa universal de la educación, fuera como fuese esta. Así se respetaría el principio de libertad e igualdad que tiene que imperar en la conducta de cualquier gobierno, “medianamente inteligente”.


