El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno
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La Fiscalía ha abierto diligencias para averiguar si la expulsión de policías y guardias civiles de los hoteles de Calella y Pineda de Mar (Barcelona) constituye un delito de odio, en tanto que el Gobierno ha ordenado a los agentes que no abandonen ningún establecimiento hotelero siempre que haya contrato en vigor.
El Ejecutivo y el Ministerio Público han reaccionado ante el «acoso» que están sufriendo los agentes destinados en Cataluña tras las cargas policiales del 1-O, en concreto contra la decisión de los hoteles de esas dos localidades de forzar su salida y contra la posible implicación de los «responsables municipales» en esa decisión.
