Cuando uno expresa críticas a la respuesta del gobierno de Rajoy al desafío separatista, resulta frecuente que alguien salga con la típica cantinela: «¿Y qué haría Vd.? ¿Enviar los tanques?».
No, no hace falta enviar ningún tanque. Existen herramientas suficientes para abordar un problema que, como decía en el editorial de ayer, se mantiene únicamente porque a la clase política le interesa mantenerlo.
¿Qué haría yo, si fuera Rajoy? Pues vayamos por partes. De cara al problema inmediato, que es el referéndum del 1 de octubre, haría lo que Rajoy está haciendo (movilizar a la Fiscalía y al Tribunal Constitucional), con algún añadido más. En concreto, y a la vista de que la respuesta del gobierno catalán a las órdenes del Tribunal Constitucional está siendo alentar a la movilización en la calle, tomaría de inmediato el control de los Mozos de escuadra, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Nacional.
Sin embargo, como decía también en el editorial de ayer, el del referéndum del 1 de octubre es un problema secundario. Lo verdaderamente importante es qué hacer para evitar que vuelva a haber ningún otro desafío separatista de semejante gravedad. Y con respecto a eso, yo pondría en marcha de manera inmediata el procedimiento para asumir el control de las cuentas de la Generalidad, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que elaboró el propio gobierno de Mariano Rajoy.
Esa ley hace uso del mecanismo previsto en el artículo 155 de la Constitución, pero no para retirar ninguna competencia a la Generalidad, sino simplemente para asumir el control total de sus gastos, tal como los famosos «hombres de negro» de Bruselas hicieran en su día con las cuentas de Grecia.
Y una vez asumido el control último de los gastos de la Generalidad, está muy claro el criterio a aplicar: gastos de farmacia, páguense; subvenciones a medios de comunicación separatistas, anuladas; sueldos de funcionarios, abónense; subvenciones a asociaciones que promueven el separatismo, ni una más; gastos de educación y sanidad, los que haga falta; redes de comisariado lingüístico, a desmantelarlas… Para gastos sociales y para el funcionamiento normal de la administración catalana, todo; para gastos identitarios y promoción de la independencia, ni un euro.
Ser separatista es, hoy en día, una auténtica profesión en Cataluña. Y eso tiene que acabar. Porque son esos profesionales del separatismo los que garantizan que se mantenga y se agrave cada vez más el perpetuo desafío al que a todos nos someten. Acábese con el modo de vida de esos activistas de la independencia y se habrá dado un gran paso de cara a resolver el problema.
Evidentemente, con eso no se eliminaría de un plumazo el sentimiento de desapego que una parte de los catalanes tienen hacia el estado. Pero al menos garantizaríamos que, si alguien quiere fomentar ese desapego, lo haga con su dinero, no con el de todos los catalanes y el resto de españoles.
Y a partir de ahí, la política. Existe, en efecto, un problema de encaje. Pero lo que hay que encajar no es Cataluña en España, sino España en Cataluña. Lo que hay que hacer no es que los separatistas se sientan cómodos en España (por mí, como si se machacan el dedo gordo del pie con una berenjena), sino justo lo contrario: que los no separatistas se sientan cómodos en Cataluña. Porque hace mucho tiempo que los no separatistas han sido expulsados de la vida oficial catalana. Y eso tiene que acabar.
Y para resolver ese problema de encaje, el estado tiene que actuar con contundencia para, por ejemplo, garantizar que se respeten los derechos lingüísticos de la mayoría castellanohablante de Cataluña. Y el estado tiene que volver a hacerse visible, física y simbólicamente, en Cataluña. Y el estado tiene que recuperar el uso habitual del término nación para referirse a España. Y el estado debe pasar a la ofensiva, ayudando a recuperar parcelas de la sociedad civil actualmente tomadas por los separatistas.
Y no, para todo eso no hace falta reformar la Constitución. Basta con empezar a aplicar la que ya tenemos.
Con el separatismo no se puede coexistir, por la sencilla razón de que su objetivo es acabar con España y con su Constitución. Al separatismo hay que erradicarlo. Democráticamente, por supuesto, pero erradicarlo. Y de la misma forma que han hecho falta profesionales del separatismo para llevar la situación a los actuales extremos de podredumbre, harán falta profesionales del españolismo para, primero, recuperar la iniciativa, y después ir reintroduciendo parcelas de libertad que el separatismo ha liquidado.
Eso es lo que yo haría. De igual manera que el separatismo se ha encargado durante treinta años de dejar claro que atacar a España tiene premio, ahora debemos dejar claro que lo que tiene premio es defender a España, mientras que el atacar a España se castiga. Los españoles en general, y varios millones de catalanes en particular, lo agradecerán. Aunque solo sea por poder dejar de perder el tiempo con chorradas y por poder pasar de una vez este insufrible Día de la marmota separata.
Luis del Pino, Director de Sin Complejos en esRadio, autor de Los enigmas del 11-M y 11-M Golpe de régimen, entre otros. Analista de Libertad Digital
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